EL OSCURO FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA POLÍTICA COSTARRICENSE.


Al acercarse la fecha de las elecciones presidenciales en Costa Rica, es notorio el gasto en publicidad que están haciendo varios partidos políticos, sobre todo el Partido Liberación Nacional. Si bien es cierto, en este país existe el pago de la deuda política por parte del Estado, esta suma no alcanzará para cubrir el costo de la publicidad insulsa y sin ningún mensaje programático que están realizando los candidatos. Por tanto, no hay duda que muchos de estos gastos son cubiertos por contribuciones privadas, cuyos orígenes en muchos casos se desconocen.
Todavía está fresca en la memoria de los costarricenses, el escándalo que se desató en el año 2003, cuando se descubrió que tanto el actual presidente Abel Pacheco como su principal contrincante Rolando Araya Monge, del Partido Liberación Nacional, habían recibido altas sumas de donantes extranjeros que en algunos casos nunca se pudieron identificar.
Estas donaciones fueron manejadas en cuentas paralelas, abiertas a sociedades fantasma, con lo que también se violó lo establecido en la ley costarricense con respecto a la prevención de lavado de dinero.
Como resultado de estos hechos bochornosos se dirigieron acusaciones contra siete dirigentes de tres partidos políticos e incluso contra el Presidente Pacheco, pero estas causas fueron desestimadas por la Fiscalía General, ya que la ley actual castiga a los partidos, no a las personas.
De esta forma esta inyección clandestina de recursos, a los dos partidos mayoritarios quedó impune y los bancos que se prestaron a este tipo de maniobras no recibieron ni siquiera una amonestación de parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, por haber sido negligentes al abrir cuentas a sociedades fantasmas y por no reportar los movimientos sospechosos de capital.
Con respecto a los vacíos legales existentes el informe del señor Luis Alberto Cordero preparado para la Unidad para la promoción de la democracia OEA- International IDEA indica:
Precisamente esos vacíos legales propician una puerta abierta a la corrupción política y administrativa, a los recursos provenientes de actividades ilícitas (narcotráfico y lavado de dinero) e injerencia de capitales multinacionales en asuntos internos, el compromiso de los funcionarios del gobierno, que bien podrían quedar expuestos y obligados con personas de dudosa reputación, así como la imposibilidad de someter a persona física a responder por responsabilidades penales, en el caso de hechos denunciados por recepción de contribuciones o donaciones privadas, puesto que el tipo penal de referencia no contiene un sujeto activo contra el cual proceder. De igual forma la existencia de estructuras paralelas para la administración de fondos públicos, la recepción de donaciones por parte de candidatos, que muchas veces superan el límite permitido para las contribuciones nacionales, así como la entrada de donaciones internacionales para fines contrarios a los permitidos.
Después que una Comisión de la Asamblea Legislativa costarricense, llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el financiamiento de la campaña política pasada, se preparó un proyecto de ley para impedir que se dieran este tipo de situaciones, así como para establecer sanciones para los que participaran en actos de financiación ilícita. Sin embargo, el proyecto nunca fue aprobado por los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, quienes contaban con mayoría de sobra para hacerlo. Este hecho, unido al desmantelamiento sistemático que ha llevado a cabo el gobierno en el poder, de las agencias destinadas a impedir el lavado de dinero en el país, resulta hartamente sospechoso. Lo mínimo que se podía esperar de un país en que dos ex presidentes están acusados y otro en fuga por tráfico de influencias a favor de la empresa francesa ALCATEL y la costarricense CORPORACIÓN FISCHEL, es que se dotara al Tribunal Supremo de Elecciones de una legislación que le permitiera garantizar la transparencia de los fondos usados en la campaña política. Sin embargo como se dijo anteriormente, esto nunca se logró. La respuesta la obtenemos en el informe citado el cual indica al respecto” No hay avance en los cambios en materia electoral, financiamiento de partidos políticos y mecanismos de fiscalización, pesar de la existencia de múltiples iniciativas de ley, ya que la adopción de las normas necesarias está en manos de los propios actores, los partidos políticos a través de sus legisladores.
Ya que este deber delegado por el pueblo en la Asamblea Legislativa no se cumplió, es ahora el deber de los electores costarricenses, negarle el voto a los partidos que impidieron con su omisión que se contara con leyes que garantizaran la transparencia del proceso electoral, sobre todo si tomamos en cuenta que está en juego la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, por medio del cual algunos pocos harán negocios millonarios a costillas de la clase media y baja del país.

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