SALA CUARTA.JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA?

Transcribimos a continuación una denuncia contra la Sala Constitucional que nos ha hecho llegar una persona que nos ha pedido confidencialidad sobre su nombre y el de los involucrados. Le damos disculpas por no incluir su artículo completo, ya que nos envió cerca de veinte sentencias, por lo que hemos tenido que editar su artículo.

La Ley 8204 ( Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado Actividades Conexas y Lavado de Dinero), creó el Instituto Costarricense sobre Drogas, fusionando las siguientes instituciones: Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD), Centro Nacional de Prevención contra Drogas (CENADRO) y la Unidad de Precursores del Ministerio de Salud. El Transitorio 1 de la ley citada indica:

“Los funcionarios del Centro Nacional de Prevención contra Drogas, los del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y los del Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a formar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarán los derechos laborales adquiridos. Una vez que el Instituto entre en funciones, el Consejo Directivo deberá iniciar un proceso de reestructuración de las clases ocupacionales, con el fin de equiparar los derechos de los funcionarios.

Uno de los derechos adquiridos de los funcionarios del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas era el pago de una anualidad del 3.5%.

Como resultado de la reestructuración de clases de puestos, el Instituto Costarricense sobre Drogas entró a formar parte del Régimen de Servicio Civil, fijándose una anualidad del 1.94% para todos los funcionarios del Instituto.
De inmediato les fue rebajado el salario a los ex funcionarios del CICAD, a pesar de encontrarse abierto un procedimiento administrativo para determinar sobre la procedencia o no de dicho pago.

Por ese motivo, varios funcionarios del antiguo CICAD, presentaron cerca de treinta recursos de amparo ante la Sala Constitucional, de los cuales todos, excepto dos eran exactamente iguales.

Ahora veamos un ejemplo de los fallos (tomados directamente de la página web de la Sala Constitucional, se han omitido los nombres de los afectados)
1) Sentencia 2005-16673
Expediente 05-12319-0007-CO. A las quince horas con diez minutos. Amparo. xxxx en contra del Instituto Costarricense sobre Drogas.
En San José, a las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil cinco, se inició la votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera (quien preside), Luis Paulino Mora Mora, Adrián Vargas Benavides, Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo, Fernando Cruz Castro y Rosa María Abdelnour Granados (en sustitución de la Magistrada Calzada Miranda).
2) Sentencia 2005-16673
Expediente 05-12319-0007-CO. A las quince horas con diez minutos. Amparo. Se declara sin lugar el recurso.-
Se declara sin lugar el recurso.-
Expediente 05-13524-0007-CO. Amparo. XXXX contra el Director General del Servicio Civil
En San José, a las ocho horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil seis, se inició la votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Ana Virginia Calzada Miranda (quien preside), Adrián Vargas Benavides, Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo, Rosa María Abdelnour Granados (en sustitución del Magistrado Solano Carrera), Teresita Rodríguez Arroyo (en sustitución del Magistrado Mora Mora) y Horacio González Quiroga (en sustitución del Magistrado Cruz Castro.
Expediente 05-13524-0007-CO. A las doce horas con cuarenta minutos. Amparo. XXX contra el Director General del Servicio Civil. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Carlos Castillo Fernández, en su condición de Presidente del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas del Ministerio de la Presidencia, o a quien en la actualidad ejerza ese cargo, poner en marcha inmediatamente todos los mecanismos indispensables para restaurar al amparado en el pleno goce de sus derechos conculcados. Se le advierte a Luis Carlos Castillo Fernández, o a quien en la actualidad ejerza su cargo, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Luis Carlos Castillo Fernández, o a quien en la actualidad ejerza su cargo, en forma personal.- Magistrado Instructor Lic. Fernando Cruz Castro.

Veamos las inconsistencias de ambos votos:
1- Los dos recursos de amparo eran exactamente iguales, ya que solo se cambiaron las calidades de los recurrentes, sin embargo, en el primer caso el voto de la Sala fue declarando sin lugar el recurso y en el segundo caso no sólo declara el recurso con lugar sino que amenaza con cárcel al ex Viceministro de la Presidencia, sin no restituye al amparado los derechos conculcados.
2- Los magistrados y magistrada Abdelnour Granados, Armijo Sancho, Jinesta Lobo y Vargas Benavides estuvieron presentes en ambas votaciones. En un caso declaran el recurso sin lugar y en el segundo caso con lugar. Ante esta flagrante contradicción no queda más que preguntarse. Sabrán los señores Magistrados de la Sala Constitucional que están votando?
3- Es preocupante la forma en que se maneja la Justicia en Costa Rica. Porque uno se pregunta cuándo se hizo verdaderamente Justicia. En la primera votación o en la segunda?
4- Será cierto lo que dijo una vez un connotado jurista costarricense en el sentido de que en la Sala Constitucional no resuelven los Magistrados sino sus asistentes (Letrados) y los señores Magistrados se limitan simplemente a votar lo que les ponen por delante?

Otro asunto sumamente grave es que los fallos de la Sala Constitucional son inapelables, lo que a nuestro criterio viola el Principio de Doble Instancia, lo que hace que la Sala Constitucional, sea inconstitucional en sí misma.
Por tanto, en casos como éste, en que se nota claramente que se cometió una injusticia, el afectado no tiene otra instancia donde acudir en busca de justicia.
Pedimos por favor al colaborador anónimo que nos mantenga informados sobre estos dos fallos de antología, ya que esperamos que la Sala corrija su error.
De otra forma tendremos que llegar a la triste conclusión de que la Justicia en Costa Rica no solamente es ciega, sino también retrasada mental.

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2 comentarios

  1. No es cierto que se tratara de casos idénticos, como lo quiere hacer ver “Donatien”. Si se hubiera leído las sentencias en su totalidad, en lugar de contentarse con el escrito de interposición, sabría que en los asuntos que se fallaron con lugar, la mayoría de la Sala estimó violatorio del principio de intangibilidad de los actos propios y el debido proceso que se realizara el rebajo unilateral del porcentaje de anualidades sin respetar el procedimiento dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que anuló los acuerdos de la Junta Directiva del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas. En los otros, en cambio, el Tribunal estimó que no había una actuación arbitraria de la Administración, sino que las conductas cuestionadas eran una consecuencia del proceso de reestructuración llevado a cabo por el Instituto Costarricense sobre Drogas por imperativo de la Ley 8204.
    Donatien, si va a criticar las decisiones de la Sala Constitucional o de cualquir otro órgano jurisdiccional, al menos tenga la decencia de estudiar cabalmente qué es lo que pretende cuestionar, para hacer una objeción responsable y no una crítica frívola.-

  2. Respuesta:
    Después de agradecerle al amable lector su comentario, quiero pedir perdón por mi blasfemia, contra este nuevo Oráculo de Delfos en que se ha convertido para algunos la Sala Constitucional.
    Primeramente quiero aclarar que los dos casos citados se produjeron como resultado del proceso de reestructuración del Instituto Costarricense sobre Drogas. No se debe confundir, porque eso si sería ser irresponsable y frívolo, los dos casos en cuestión con fallos que ocurrieron meses atrás, provocados por haber interrumpido la Junta Administrativa del Instituto Costarricense sobre Drogas, el pago de la anualidad.
    Por tanto, sin entrar en masturbaciones jurídicas, este mortal considera que si existen dos casos en que se hace el mismo perjuicio a un grupo de trabajadores, cualquier tribunal debería fallar de igual forma. En este caso, se mantuvo la antigüedad como un derecho adquirido a un solo trabajador, mientras se cercenaba ese derecho al resto , aduciendo su incorporación al Régimen del Servicio Civil. Por tanto, la Sala Constitucional está regalando el dinero a un funcionario o bien está privando de sus derechos al resto. Creo que en esto no puede haber discusión.
    Por tanto solo puedo concebir dos opciones: Alguna mano invisible terció la balanza de la Justicia para perjudicar a algunos y para favorecer a otro o bien los señores Magistrados no saben lo que votan.
    Con el fin de no restar credibilidad a la Sala Constitucional, los señores Magistrados deberían reconocer que como seres humanos son propensos a equivocarse y en alguno de estos dos fallos, con el perdón de los lectores, se pelaron el rabo.
    DONATIEN

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