EL CAOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

Si no se tratara de fondos públicos, la noticia publicada por Diario Extra el 27 de septiembre de 2006, nos causaría hilaridad y propondríamos que este hecho figurara en los records  Guiness.

El  empresario Guillermo Sanabria es el dueño de ciento cincuenta metros cuadrados del terreno que ocupa el Edificio José Figueres Ferrer, sede de la Municipalidad de San José.

Todo se originó en la expropiación de que fue objeto en 1974 el señor Álvaro Aguilar Badilla. Antes de que esta expropiación se consumara el propietario lo vendió a Alberto Rigg, quien apeló la expropiación y ganó el caso casi veinte años después. Una vez que tuvo la propiedad legal del terreno lo vendió al empresario Sanabria quien ya ha tomado posesión legal de él. Lo más grave de este asunto es que salió a la luz pública que los cinco mil doscientos metros cuadrados en que está asentado todo el edificio municipal, aún pertenecen al empresario José Pujol Martí, ligado al grupo Abonos Agro y quien falleció ante varios años.

Veamos otro ejemplo de la forma en que el municipio capitalino administra los bienes públicos. Hace bastantes años, un ciudadano donó al Ayuntamiento varios lotes que estaban a nombre de sus hijos y que hoy son parques en el sector de Barrio Escalante. Años después, cuando uno de sus hijos fue a pedir un bono de vivienda no pudo lograrlo porque según el Registro Público tanto él como su familia eran millonarios. Ante esta injusticia acudió a la Sala Constitucional, la cual en voto 1731-06 dispuso declarar con lugar el recurso y ordenar al alcalde Municipal, que dentro de un mes después de la notificación de la sentencia inscriba a nombre del municipio las fincas del Partido de San José matrículas 140.771 y 140.797.

 Ante el caso denunciado por La Extra, Rafael Arias, quien era el candidato a Ministro de Seguridad Pública en un eventual gobierno de Rolando Araya y que recibió como premio de consolación un puesto en la Municipalidad de San José, indicó que todo se trata de un fraude de simulación fraguado por Rigg y Sanabria.

 No queremos tomar partido en esta pelea, pero si nos interesa resaltar que las pobres declaraciones de Arias más bien vienen a resaltar  la irresponsabilidad con que se manejan los recursos del sistema municipal costarricense. Si esta estafa realmente se hubiera dado, los únicos responsables serían los altos ejecutivos municipales y el Departamento Legal de la Municipalidad de San José, quienes demostrando una total irresponsabilidad, permitieron que se construyera un costoso edificio en un terreno que no era propiedad del  municipio y que esta situación irregular se perpetuara durante más de treinta años.

Vemos ahora con otro artificio contable de la Municipalidad de San José. En la propia página web del Municipio se indica como parte del informe de los auditores externos:

“las bases de datos que respaldan las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2005 y 2004, por un monto de ¢ 9.308.174.193 y ¢ 7.913.980.449, las cuales tienen su contrapartida en el patrimonio, incluyen montos por cobrar  de aproximadamente ¢ 5.862.886.000. No se suministró a los auditores externos un estudio técnico que defina con claridad la parte del pendiente que es irrecuperable”

En resumen más de la mitad de las cuentas por cobrar por servicios, impuestos y patentes, presentan un atraso de más de un año y ni la propia Municipalidad ha cuantificado cuanto de esta suma podría recuperarse

 

Pero lo más preocupante de este asunto es la total indiferencia ante este desorden contable de la Superintendencia General de Valores. La Municipalidad de San José aparece inscrita como emisor ante este ente supervisor y debe presentar ante esta entidad sus estados financieros. Si en dichos estados aparecen como activos estos terrenos, que legalmente no le pertenecen, y las cuentas por cobrar están infladas, esta emisión se inscribió con datos falsos, que tienden a confundir a los potenciales inversionistas. Por tanto, es responsabilidad legal de la Superintendencia General de Valores, iniciar una investigación de estos hechos en salvaguarda de los derechos de los inversionistas. Además, podría estarse presentando el delito de uso de balances falsos, el que la Superintendencia debería denunciar ante el Ministerio Público.

De esta responsabilidad no escapa el alcalde actual JOHNNY ARAYA MONGE, quien ha ocupado el máximo cargo administrativo de la Municipalidad por más de diez años. Ya que el señor Araya quiere reelegirse y ha declarado como domicilio electoral estos controversiales terrenos, porque si declarara su domicilio real no podría aspirar a la Alcaldía, debe explicar al pueblo como ha permitido que todas estas anomalías se hayan perpetuado durante su mandato.

 

 

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