DEFENDAMOS LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Por definición una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Uno de los principios cooperativos indica que cada asociado tiene derecho a un solo voto, aparte del capital social cooperativo que posea. Estas características han convertido a las cooperativas en un instrumento idóneo para preservar la democracia y combatir los efectos del capitalismo salvaje. Es por este motivo que nos extraña el ataque despiadado de que han sido víctimas en los últimos años las empresas cooperativas en Costa Rica. Las primeras víctimas fueron las cooperativas del sector salud, que administran varias clínicas y EBAIS de
la Caja Costarricense de Seguro Social. Da la impresión de que lo que se quería era que perdieran sus contratos, los cuales caerían en manos de empresas privadas como
la Clínica Bíblica y la Clínica Católica, esta última bajo la administración del Grupo SAMA, ligado a los hermanos Arias Sánchez. Ahora siguen las cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales, sobre todo en los sectores rurales del país, tales como San Ramón, San Carlos y Pérez Zeledón se han convertido en barreras infranqueables para que los bancos privados penetren exitosamente en esas zonas. Por eso extraña, la forma que el Consejo Nacional de Supervisón del Sistema Financiero (CONASSIF), trata de perjudicarlas mediante el Acuerdo SUGEF 1-05. Este acuerdo es el que regula, como lo hemos señalado en otra ocasión, la estimación por posibles préstamos incobrables que deben establecer las entidades reguladas. Esta medida se ha justificado como una sanción moral para aquellos deudores a los que en los últimos cuatro años se les ha liquidado una operación de crédito como incobrable. El problema es que este deudor puede estar totalmente al día en una cooperativa, pero por sólo el hecho de que en otra entidad financiera no haya honrado su deuda, la cooperativa tendrá que reconocer como una pérdida el 100% de la operación. Por tanto, la sanción no es para el deudor sino para entidades financieras y asociados que no han tenido nada que ver con el asunto. Veamos por qué. A todos nos consta que muchas veces recibimos llamadas de entidades crediticias reguladas ofreciéndonos préstamos sin garantía alguna. Ellos se pueden correr un riesgo de no pago porque cobran intereses usurarios, cosa que no hacen las cooperativas. Por tanto si alguno de estos clientes no pagaran la pérdida estaría ampliamente cubierta por los intereses que pagan los demás deudores. El problema es que este sujeto caería en la lista de cliente problemático no sólo de esa entidad financiera, sino de todas, por lo que el efecto contagio afectaría a entidades que cobran intereses normales y que son cuidadosas en el momento de conceder créditos, como han sido las cooperativas las cuales han mantenido los mejores indicadores de morosidad en promedio de todo el sistema financiero del país (morosidad a más de 90 dìas). De acuerdo con datos obtenidos, los bancos creados por leyes especiales (Popular y BANHVI) han mantenido un porcentaje de morosidad de 2,47%, las empresas financieras un 2.01%, bancos del estado un 1.83%, las mutuales un 1.50%, bancos privados un 1.22% y las cooperativas un 1.02%. Por tanto, las cifras demuestran que las cooperativas de ahorro y crédito han sido cuidadosas en la administración de su cartera crediticia, incluso mejores que los bancos privados y ahora se les quiere hacer cargar con los errores de los demás. Vamos a demostrar que el verdadero castigo lo van a sufrir los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito que han electo Consejos de Administración responsables para el manejo de sus cooperativas. Como ejemplo, una sola cooperativa antes de la aplicación de esta injusta y antojadiza normativa tenía una utilidad acumulada de ¢ 651.499.000, la cual después de la aplicación de
la Normativa SUGEF, se convierte en una pérdida de ¢ 1,259.195.657. En varios casos las cooperativas reguladas tienen que triplicar o cuadruplicar su estimación para incobrables Por tanto los asociados que esperaban recibir sus excedentes se encontrarán con la amarga sorpresa de que van a soportar es una pérdida o bien que estos estarán sustancialmente disminuidos. Pero el daño no termina aquí. Cuando estos datos se den a conocer, en enero de 2007, se puede presentar una corrida masiva de depósitos y un retiro masivo de asociados que ponga en peligro la estabilidad de todo el sistema, ya que muchos asociados no comprenderán que la pérdida o disminución de los excedentes, se debe a una normativa mantenida por el empecinamiento de unos pocos, sino que lo atribuirán a una mala administración del ente cooperativo. Pero aún estamos a tiempo. Queremos por este medio hacer un llamado a los señores diputadas y diputadas, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y en especial al ex presidente don Luis Alberto Monge, como luchador del cooperativismo que fue, para que se pronuncien sobre este tema e impidan que se materialice esta injusticia, que solo beneficia a los dueños de los bancos privados. Recordemos que Democracia no es llamar a elecciones cada cuatro años. Democracia es mantener instituciones que como las cooperativas, buscan una distribución equitativa de los recursos entre los que menos tienen. Si no, no se quejen cuando la gente busque la democracia en las calles.

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