UNA PREGUNTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se transcribe la intervención de la señora diputada   LESVIA VILLALOBOS SALAS en la Asamblea Legislativa el 12 de julio de 2006. La trascripción tiene dos objetivos:

Que en esta época que muchos costarricenses tienen que invertir gran parte de su aguinaldo en el pago de impuesto sobre la renta, mediten si vale la pena sacrificar nuestros ingresos en mantener un Estado que comete esta clase de atrocidades con los fondos destinados a la seguridad ciudadana, cuando en todo el  país la gente no cuenta con seguridad alguna  porque  se alega falta de recursos económicos.

La segunda, para solicitarle a los señores diputadas y diputados que le pregunten al flamante candidato a la Sala Tercera señor FRANCISCO DALL”ANESSE, en que estado se encuentra la investigación de estos casos.

Buenas tardes, señor Presidente; buenas tardes, compañeros diputados.

Con gran indignación, nos hemos enterado los costarricenses, a través de los reportajes de la prensa, de una serie de corruptelas en el Ministerio de Seguridad Pública, ocurridas en la Administración anterior, cuando fungía como Ministro el señor Rogelio Ramos Martínez.

            Primero, el faltante de armas en el Arsenal Nacional, setecientas plazas policiales ocupadas de manera ilegal por empleados administrativos, la compra de cuarenta y seis patrullas rumanas desechables, la supuesta construcción de varias delegaciones policiales en el país, las cuales son inexistentes, y por las que se desembolsaron millones de colones.

            Solo para la construcción de la Delegación de Juan Viñas se pagaron doce millones de colones y no existe.  Esto es inaudito y vergonzoso, y lo peor aún, posiblemente si continúan escarbando, encuentren más irregularidades.

            En el asunto de las plazas se da clara violación a la Ley para el equilibrio financiero, que establece en el artículo 58 que el personal nombrado para vigilancia y mantenimiento del orden público, desempeñará exclusivamente las funciones propias de su cargo, y establece que la Contraloría General de la República fiscalizará el exacto cumplimiento de esta norma.

            Entonces, la pregunta que me hago, y es la misma que harán muchos costarricenses: ¿Dónde estaba la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública y la Contraloría General de la República?  ¿Acaso no sabían estos entes de esas irregularidades?  ¿O es que los informes de estos hechos estaban archivados?

            Por eso, con vehemencia, emplazo al señor Auditor Interno del Ministerio de Salubridad Pública para que dé explicaciones a los y las costarricenses sobre estos hechos tan lamentables.  A los funcionarios públicos se les paga para que cumplan con su trabajo eficientemente y nos tienen que rendir cuentas de lo actuado.

            Bueno, si no están cumpliendo con su deber, entonces que se vayan para su casa y esos salarios los utilizaremos para contratar más policías.  Por eso aprovecho para solicitarle a la señora contralora de la República, doña Rocío Aguilar, que realice una investigación sobre la inercia o incumplimiento de los deberes por parte de la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad, y que nos haga llegar un informe sobre el asunto.

            Todos los costarricenses nos merecemos respeto, debemos saber en qué y cómo se gastan nuestros limitados recursos económicos.  Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas.

            Causa desazón y gran molestia saber que la situación económica de este país en la Administración Pacheco no fue tan boyante como nos la pintaron, pues aumentó la pobreza y encima, descaradamente, se quería aprobar más impuestos, cuando solo en uno de estos desafortunados negocios por parte…, por darle un calificativo benigno, se tiraron por la borda seiscientos cincuenta y un mil dólares, aproximadamente trescientos treinta y cinco millones de colones por la compra de unos vehículos, de marca desconocida en Costa Rica y de dudosa calidad, que luego vinieron a ser patrullas desechables.

  Señoras y señores, esto no puede quedar impune.  Los responsables de este desaguisado deben ser llamados ante la justicia para que respondan por sus actos.

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