CASO ALCATEL. IMPUNIDAD PRONTA Y CUMPLIDA

El 27 de julio de 2007, al fin la Fiscalía presentó una acusación formal contra el ex presidente costarricense Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. De esta forma, se dio un paso más en uno de los procesos judiciales más infames que se presentado en el país y que es una vergüenza, no solo para la justicia costarricense, sino para todos los costarricenses.  Debemos aclarar que este comentario no pretende exculpar al señor Rodríguez, de los cargos que se le hacen, con sino dar a conocer la hipocresía y parcialidad de la justicia costarricense.A Rodríguez, según la Fiscalía, se le acusa de Corrupción agravada derivada de cohecho impropio y enriquecimiento ilícito, por haber recibido dinero del gobierno de TAIWAN, y de la empresa ALCATEL.

UN LINCHAMIENTO PÚBLICO

Cuando se hicieron del conocimiento público los actos de corrupción que rodearon la contratación del ICE, con la empresa ALCATEL, el  Dr. Rodríguez ocupaba el cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos, puesto al que había aspirado Costa Rica en cuatro oportunidades, fracasando las cuatro veces. En el caso de Rodríguez la elección fue unánime.Rodríguez podía haber permanecido en el exterior, hasta que los cargos que se le hicieron hubieran prescrito, como lo hizo en su oportunidad el hoy presidente de Perú Allan García.

 Sin embargo, estuvo anuente a presentarse al país a dar cuenta de sus actos, creyendo que en este país había justicia. Para su desgracia, no tomó en cuenta que su venida al país iba a servir para satisfacer las ansias de protagonismo de un Ministro de Seguridad y un Fiscal deseosos de darse a conocer, al precio que fuera y de un presidente hipócrita, que se valió de este hecho para desviar la atención sobre su mediocre gobierno.

 De esa forma, el Dr. Rodríguez, al llegar al país, fue exhibido en forma humillante, en un acto circense como el más peligroso de los delincuentes. Todo esto fue orquestado desde la Casa Presidencial, siendo el ejecutor el Ministro de Seguridad de ese entonces Rogelio Ramos Martínez, quien fue el que autorizó el ingreso de periodistas a un área totalmente restringida del aeropuerto. De esta forma todo el mundo pudo ver a Rodríguez esposado y custodiado por agentes del Organismo del Poder Judicial. Por este acto Ramos Martínez fue condenado posteriormente por la Sala Constitucional.

Este acto no fue obra de la casualidad. Rogelio Ramos quería a toda costa ser candidato presidencial de su partido, pero no era apoyado por la cúpula, la cual aparentemente pretendía que otro de los imputados, Eliseo Vargas, fuera el sucesor de Calderón y Rodríguez dentro del partido.La ambición del señor Fiscal, no se contentaba con este puesto, sino que aspiraba a llegar a magistrado, como posteriormente se demostró, aunque al final tuvo que retirarse en forma poco elegante de la contienda.El presidente Pacheco, necesitaba de un escándalo para distraer la atención, y que el pueblo olvidara, aunque fuera por un rato, el desgobierno que Pacheco realizaba.

Cabe aquí resaltar la tremenda hipocresía del entonces presidente del país, quien se cebó contra Rodríguez. Una de las acusaciones que hace la Fiscalía contra Rodríguez es haber recibido dádivas del gobierno de Taiwán. Sin embargo, Abel Pacheco durante la campaña política había recibido donaciones de esa misma fuente y nunca ha sido llevado a los Tribunales por estos hechos. Ante esto uno  se pregunta. Habrá justicia en Costa Rica?

UN PROCESO IRREGULAR

En el momento en que Rodríguez fue detenido y enviado a la cárcel, el Fiscal General manifestó que había pruebas contundentes en su contra. Sin embargo transcurrieron más de mil días para que la Fiscalía presentara las acusaciones ante un Juzgado.Aparentemente la detención de Rodríguez estaba basada únicamente en las declaraciones de uno de los principales imputados, José Antonio Lobo Solera, con quien la Fiscalía hizo negociaciones inaceptables.

Como se necesitaban más pruebas testimoniales, tanto en este caso, como en el escándalo de la Caja Costarricense de Seguro Social, dos de los imputados que se habían negado a prestar colaboración con el señor Fiscal General, fueron detenidos en la cárcel de Cocorí, donde fueron brutalmente sodomizados por un grupo de reos, ante la pasiva mirada de funcionarios de Adaptación Social. Fue esto una desgraciada casualidad o una forma de ablandarlos, por medio de la humillación y la tortura, para que declararan lo que la Fiscalía necesitaba?.

Pero aún faltaba una irregularidad más. Como el Poder Judicial no contaba con fondos suficientes para llevar a cabo la investigación, ya que seguramente se habían gastado en pagar horas extra a agentes del Organismo de Investigación Judicial, para proteger la valiosa vida del señor Fiscal, y para servirle de niñera a sus hijos, se recurrió al Instituto Costarricense sobre Drogas. Este ente estatal, administra fondos provenientes del decomiso de bienes y dinero provenientes del narcotráfico, pero que por ley tienen un fin específico. La lucha contra en tráfico de drogas y el lavado de dinero. Sin embargo, al revisar los cargos de la Fiscalía  contra todos los imputados ninguno de ellos fue acusado ni por narcotráfico ni por legitimación de capitales. Por tanto este traslado de fondos a nuestro criterio fue totalmente ilegal. Aquí vuelve a aparecer otra casualidad. El Director Ejecutivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, es un funcionario de la Fiscalía, que se encontraba disfrutando de un permiso sin goce de salario, para ocupar el puesto de máximo jerarca del Instituto.

 El último eslabón de esta cadena de irregularidades lo constituye el no haberse presentado cargos contra José Antonio Lobo Solera, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad y quien tenía todo el poder para impulsar cualquier prebenda para ALCATEL. Está probado que él, usando las cuentas corrientes de su esposa recibió más de dos millones de dólares por parte de la transnacional francesa. Sin embargo no ha pasado ni un minuto en la cárcel y su esposa ni siquiera se incluyó entre los imputados. La explicación que se ha dado es que el Fiscal General llegó a un acuerdo con Lobo, para no acusarlo a cambio de que sirviera de testigo contra el ex presidente Rodríguez.Este ha sido el sistema de trabajo de la Fiscalía General. Primeramente contra el directivo del ICE Bravo Trejos, se siguió una farsa de juicio, en el que por lo menos fue condenado a tres años de cárcel, pena que nunca descontó, a cambio de dar información a la Fiscalía y ahora ni José Antonio Lobo ni su esposa son acusados, a pesar de haber recibido y canalizado, fondos provenientes del soborno de funcionarios públicos. No son acaso culpables tanto Bravo como Lobo, de haber recibido dádivas para aprobar una contratación, que nos perjudicado a todos los costarricenses, que hemos estado condenados a recibir el pésimo servicio que nos brinda la red de telefonía móvil de ALCATEL. Puede llamarse justicia a un proceso plagado de irregularidades?Sin embargo, nada podemos hacer.

Este es el nuevo sistema de justicia que ha impuesto el señor FISCAL GENERAL, el cual por la gracia de Dios no llegó a magistrado.

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