UNA LEY PELIGROSA

En el Diario La Nación del 4 de mayo del presente año, se incluye un artículo, donde se anuncia que Costa Rica quedará fuera del bloque antiterrorista por no haber aprobado una ley que tipifique como delito el financiamiento al terrorista. Como ilustración al artículo se incluye una foto de la famosa caja de seguridad de Heredia, que tan cara le costó al ex ministro Berrocal y se indica al pie de la fotografía que ante la carencia de una ley antiterrorista no se pueden levantar cargos en contra de quienes guardaban dinero de las FARC.

Debe indicarse que extraña la preocupación que existe porque este proyecto de Ley fue mandado al archivo en la Asamblea Legislativa, por haber transcurrido cuatro años sin que se le diera trámite, ya que el gobierno de Pacheco lo envió a la Asamblea Legislativa desde el año 2003. Si el mentado proyecto de ley era tan importante, por qué, primeramente el ex presidente Pacheco y posteriormente el presidente actual, no lo impulsaron en sesiones extraordinarias, sobre todo si se toma en cuenta que la actual vicepresidenta y Ministra de Justicia, doña Laura Chinchilla, fue la Presidenta de la Comisión Especial de Narcotráfico durante  los cuatro años del gobierno anterior y conoce perfectamente la importancia de dicho proyecto de ley

Indica el licenciado Mauricio Boraschi, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, que de no aprobarse la ley el país ya no será  parte de la red de información del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de capitales (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) que opera para el Caribe.

No sabemos en realidad que hace el Grupo de Acción Financiera del Caribe, del cual Costa Rica ocupa la presidencia, pero si conocemos la nefasta labor del Grupo de Acción Financiera Internacional, el que considerábamos extinto.

Este Grupo no pertenece a ninguna organización internacional como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Es una organización fantasma que se prestó en el pasado, para imponer por la fuerza del chantaje, legislaciones contra el lavado de dinero a los países del tercer mundo. Por medio de sus listas de países no cooperantes, obligó entre otros a Panamá y a Guatemala, a gastar millones de dólares para aprobar un grupo de leyes y reglamentos que le permitieran salir de dicha lista. No es que estemos en contra de las medidas contra el lavado de dinero, pero si nos oponemos a que un grupo fantasma por medio del chantaje obligue a los países débiles a tener que rendirles cuentas en Miami en un idioma que no es el español. Nos causa más indignación el hecho de que uno de los países que tenía una débil contra el lavado de dinero como eran los Estados Unidos, hecho que quedó demostrado con los atentados del 11 de septiembre, nunca fuera llamado por este Grupo para rendir cuenta por su carencia de regulaciones antilavado.

Costa Rica tampoco estuvo exenta de las presiones de este Grupo. En el año 2000 fue acosada por este  para que aprobara una ley contra el lavado de dinero, la cual, cosa curiosa, igual que la ley que ahora nos ocupa, durmió el sueño de los justos durante muchos meses en la Asamblea Legislativa y su aprobación hubo que hacerla a golpe de tambor.

El proyecto de ley contra el lavado de dinero, fue mucho para allá de lo que exigía el GAFI .ya que la coyuntura fue aprovechada por unos cuantos inescrupulosos para crear más burocracia a costa de los bolsillos de los costarricenses. Se aprovechó para crear el Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual, según criterio del señor Fiscal General, externado ante la Comisión Especial de Narcotráfico, no ha servido para nada y podría cerrarse, sin que el país se viera afectado, Según el señor Fiscal, si esta institución se cerrara, lo único que sucedería sería que el país se ahorraría cerca de mil millones de colones anuales. Sin embargo, la creación de este Instituto fue muy útil para algunos altos funcionarios del gobierno de Pacheco, quienes lo usaron para colocar a sus amigos políticos en altos puestos del ICD.

El proyecto de ley fue aprobado en el 2001  y según nos han manifestado varios expertos es un verdadero adefesio,  que contenía muchos roces constitucionales, los cuales en parte fueron subsanados por la consulta a la Sala Constitucional que promovió el Movimiento Libertario. Como prueba, de la monumental charlatanería que constituyó la aprobación de este proyecto, una vez que regresó de la Sala Constitucional, pasó una hora en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dos horas después fue aprobado por el Plenario.

El mentado mamarracho además de crear más burocracia, eliminó, digamos que por error, los controles contra lavado de dinero en materia de compra y venta de propiedades y  venta de vehículos. Esta omisión fue de gran utilidad para los paramilitares colombianos, que han adquirido tierras y fincas en nuestro país, con dinero probablemente producto de sus masacres en Colombia y puede servir de explicación para la cantidad de vehículos de lujo que circulan en nuestra calles.

Por eso es que nos preocupa tremendamente la similitud que existe entre el trámite que se le dio a la ley contra lavado de dinero y el que ahora se pretende dar a la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo. Sobre todo si se toma en cuenta, que una de las obligaciones que adquirió Costa Rica, en la lucha contra el terrorismo esta la de:

 Intercambiar ayuda legal, información, ayuda respecto a la ejecución penal, civil e investigaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.

Esta ayuda, si no se brinda bajo la supervisión de un Juez de la República, podría prestarse a la violación sistemática del Derecho a la Intimidad, consagrado por el Artículo 24 de la Constitución Política.

 Por eso es que hacemos un llamado vehemente a los señores diputadas y diputados a que se haga un análisis concienzudo de este proyecto de ley, tomándose el tiempo que sea necesario. No importa que el GAFI, GAFIC, u otros grupos de sobantes, nos amenacen con sanciones. Tampoco deben oír las lamentaciones farisaicas de quienes debieron impulsar el proyecto a tiempo y sin embargo  por negligencia o conveniencia no lo hicieron.

Estamos de acuerdo en la persecución del terrorismo, pero no a costa de la violación de los derechos fundamentales de los costarricenses.

 

 

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Una respuesta

  1. El jueves 29 de mayo de 2008, el viceministro Jose Torres indica en Diario Extra que el plazo fue prorrogado, como resultado de todas las gestiones hechas por el Poder Ejecutivo.
    Por si no se ha dado cuenta Torres, ellos llevan dos años en el Poder y son la Fracción Mayoritaria de la Asamblea Legislativa, asi es que si la ley no paso a tiempo es por culpa de Liberación Nacional, porque tenían asuntos que eran de mas interes para sus bolsillos como el TLC. Además, doña Laura Chinchilla, la mujer maravilla de Oscar Arias, fue la presidenta de la Comisión de Narcotráfico, cuando se dictaminó el proyecto. Será que se les olvidó decirles que ese proyecto urgía?
    Debemos estar atentos para ver que ley pasan, no vaya a ser que aprovechen para aprobar extraditar nacionales a Colombia, como le ofreció la vice presidenta a Uribe, o alguna otra estupidez por el estilo.
    Y que hace el Grupo Egmont que tanto mienta el vice ministro Torres? Debe ser otro grupo de sobantes que se reunen cada cierto tiempo a hablar estupideces y comer y beber bien

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