EL CASO DE CARLOS PASCAL

Este comentario no busca defender las actitudes del señor Carlos Pascal, empresario de la zona de Limón, sino demostrar la forma contradictoria en que se manejan muchos asuntos en el Gobierno de Costa Rica.

 

En Puerto Limón apenas amanecía el 2 de junio de 2011, cuando un grupo de Oficiales del Organismo de Investigación Judicial, tomó por asalto la casa del señor Carlos Pascal, derribando portones y esposando y tirando al suelo a su propietario como si se tratara de un peligroso delincuente. También fueron  allanados los negocios del empresario limonense y la sede de Limón F.C.

Casi de inmediato, la Fiscalía anunció que el motivo de los allanamientos a la casa y los negocios de Pascal, se debía a que era sospechoso de haber legitimado capitales, de una peligrosa banda norteamericana del crimen organizado. Posteriormente, se determinó, que todo esto era una fábula.

Hace aproximadamente diez años, Pascal había recibido transferencias de dinero de su hermanastro, residente en los Estados Unidos, quien había sido condenado por evasión de impuestos sobre cigarrillos y por poseer (no usar contra nadie), un arma no inscrita. O sea lo de crimen organizado, se reducía a un problema de impuestos en los Estados Unidos.

Después de recibir ese dinero, cuya procedencia Pascal no ha negado, lo invirtió en varios negocios lícitos en el Puerto del Atlántico. Un supermercado, una discoteca, un hotel, y otros negocios más que dan sustento a más de quinientas personas en una de las zonas más olvidadas del país. Además, Carlos Pascal, se ha dedicado no sólo a financiar al equipo de primera división, el Limón F.C., sino a fundar escuelas de futbol, para que los niños de esa zona puedan practicar deporte y no vagar por las calles y fumar marihuana, que es lo único que se les podía ofrecer antes de que Pascal fundara este tipo de escuelas.

Un  núcleo importante de los pobladores de Limón, han organizado desfiles e incluso una vigilia en apoyo a Pascal, ya que lo consideran un benefactor de la zona. Mientras, una parte de la prensa del país, han cometido la estupidez de compararlo con Pablo Escobar en  Colombia.

Esta comparación es completamente falsa. Todos conocemos el récord delictivo y el origen de los fondos con los que Pablo Escobar construyó urbanizaciones de bien social, e incluso ofreció pagar la deuda externa de su país y los recursos de Pascal. Otra parte de la prensa, se ha dedicado a criticar a quienes apoyan a Pascal, porque, según ellos, están fomentando el narcotráfico en Limón. Sin embargo, no se ha probado que un solo centavo de Pascal provenga de esas actividades ilegales.

Ante esto, cabe cuestionarse el papel que ha desempeñado en este caso la Fiscalía del país. No sabemos si toda esta trama se ha montado para que el pueblo olvide el catastrófico final del caso de la Caja Costarricense de Seguro Social y el préstamo finlandés, en que los principales acusados terminaron con penas risibles (tanto los corruptos como los corruptores), o porque simplemente nuestro sistema judicial, es un instrumento al servicio de los Estados Unidos

El caso de Pascal hay que ligarlo al de supuesto lavado de dinero en que se embarró al Movimiento Libertario. El caso del contribuyente a la campaña de este partido Olman Rímola. El señor Rímola a lo que se dedicaba era a la administración de un centro de apuestas por internet. La Ley de Contingencia Fiscal estableció un impuesto para este tipo de actividades en el país. Hasta donde tenemos entendido, no se le aplican impuestos a actividades ilegales, por tanto esta actividad es legal en Costa Rica. Claro, la doble moral norteamericana si clasifica las transferencias de dinero para apuestas como lavado de dinero, no sabemos si porque las apuestas son malas o porque son una competencia a Las Vegas y otros centro de apuestas en su territorio, pero eso debe ser problema de ellos y que ellos deben resolver con sus recursos y por su cuenta.

Pero tanto la Fiscalía costarricense como otras autoridades, siempre han tomado una actitud lacayuna en estos casos. Además el caso Rímola sirvió para pasar la factura al Movimiento Libertario por haberse apartado del cogobierno que mantenía con Liberación Nacional y por haber dañado el ego del diputado Villanueva el Primero de Mayo.

Pero volvamos al caso de Pascal. La protesta de los limonenses debe llamar a reflexión. Limón siempre ha sido tenido como un lugar aparte del territorio nacional, al que los ineptos gobiernos no le han prestado atención alguna. Cuáles fuentes de trabajo, ha desarrollado el estado costarricense en esta zona? Se puede responder que ninguna.

Solamente se han acordado de esta provincia para entregarle sus muelles a empresas extranjeras, aunque para ellos hayan tenido que recurrir a las prácticas más sucias. Por tanto, Carlos Pascal, sin importar la procedencia de su dinero, ha venido a llenar una necesidad que el Estado nunca atendió.

El Gobierno de Laura Chinchilla creó un Ministerio de Deportes y gastó miles de dólares en enviar a la Ministra de ese entonces a Europa, a que derramara una catarata de estupideces en un foro a nivel mundial. Pero,no dedicó ni un centavo a crear escuelas de futbol o de cualquier otro deporte en Puerto Limón, lo que Pascal si ha hecho. Entonces, por qué les extraña tanto que el pueblo de Limón lo apoye?

El caso de Pascal aún no ha sido resuelto. Pero, de continuar detenido, lo más seguro sus negocios pronto serán cerrados y el problema de desempleo será mayor. Las escuelas de futbol y otras obras de bien social que desarrollaba en Limón seguirán el mismo camino. Nos preguntamos, irá el gobierno a crear nuevas fuentes de trabajo para suplir las que generaban las actividades de Pascal o se hará cargo de esas escuelas de futbol?. Estamos seguros de que no. Esperarán a necesitar los votos la próxima campaña, para cambiar los votos de los habitantes de esa provincia por un plato de comida, pagada con fondos del Estado, como ya lo hicieron en la campaña pasada.

Como decíamos al inicio, no estamos defendiendo de oficio a Carlos Pascal. Pero, queremos llamar la atención sobre la actitud de la Fiscalía, que ha usado toda la violencia para allanar la vivienda de una persona que no se dedicaba a actividades delictivas, mientras que se da casa por cárcel a dos mexicanos acusados de narcotráfico, gracias, a la incompetencia de la Fiscalía para presentar cargos contra ellos en el plazo que la ley exige.

Queremos llamar la atención también sobre los delitos que se le imputan a Pascal y a Rímola. Hasta el momento, no se les ha ligado con actividad delictiva en Costa Rica, ni se ha podido probar que los fondos manejados por ellos provengan de actividades que se consideren ilícitas en nuestro país.

Entonces. Qué está haciendo la Fiscalía? Aplicando las leyes del país o sirviendo de brazo ejecutor a los gringos. Nos consta que en otros casos antes de operativos de este tipo, agentes del FBI, el IRS y la DEA han venido al país a coordinar este tipo de actividades, convirtiendo a las autoridades costarricenses en simples ejecutores de sus órdenes.

Si los dineros de los dos acusados, provienen de actividades ilegales en Costa Rica, estamos de acuerdo en que se les persiga. Si no, por qué tenemos que servirle de publicanos a los gringos, cuando el país se hunde en una serie de problemas que la Fiscalía debería atender en forma prioritaria?

 

LA CORRUPCION DETRAS DE LA LUCHA ANTIDROGAS

Informa el Diario La Nación en su edición del 17 de diciembre del presente año, que altos funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas, han presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Robert Quirós Benavides, por haber presentado un título universitario presuntamente falso, cuando optó por dicho puesto. Según los actuales jerarcas del Instituto Costarricense sobre Drogas, ellos descubrieron la anomalía, porque en una actualización de expedientes el señor Quirós Benavides se negó a entregar el título, por lo que se hizo la investigación en la universidad correspondientes, determinándose que el título que aparentemente había presentado anteriormente Quirós Benavides, corresponde a otra persona.
Todo esto suena muy bien si no se conocen los antecedentes de este funcionario en el Instituto Costarricense sobre Drogas y cómo su nombramiento en la Unidad de Inteligencia Financiera, es el producto de los actos del compadrazgo asqueroso que lamentablemente se han entronizado en la administración pública de este país. Vamos a ver los antecedentes de Quirós.
En agosto de 2003, fue nombrado Quirós Benavides como Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas. El Presidente del Consejo Directivo que lo nombró estaba presidido por Randall Quirós Bustamante y estaba integrado por el Fiscal General, el Director del Organismo de Investigación Judicial, y la Ministra de Justicia entre otros. El Director General del Instituto era Guillermo Hernández Ramírez quien ha sido dos veces candidato a Fiscal General de la República. Allí salta la primera duda. Si hasta para un puesto de conserje en la administración pública le exigen al candidato llevar el original de los títulos que presenta, cómo fue posible que este nombramiento se tramitara con fotocopias. Porque si como afirman las autoridades del ICD, el título corresponde a otra persona, esto significa que la persona encargada de efectuar la escogencia nunca tuvo los atestados de Quirós en sus manos o bien se hizo una falsificación del título original, que se tragaron tan connotados funcionarios. Además la ley exige que el titular de este puesto, sea licenciado y en una investigación en la que no se dura más que cinco minutos en Internet se puede determinar que el flamante Director Adjunto no pertenecía ni al Colegio de Abogados, ni al de Contadores Públicos ni al de Profesionales en Ciencias Económicas.
Por tanto, para explicar este primer nombramiento de Quirós solo queda una alternativa. Los encargados del mismo fueron sumamente negligentes en el estudio de sus atestados (si es que ese estudio se hizo) o bien venía ungido por la Casa Presidencial y Randall Quirós simplemente presentó su candidatura y el resto de los participantes asintieron como borregos.
Pero parece que Quirós Benavides tenía un buen Padrino en el Gobierno. El puesto de Director Adjunto era por plazo determinado y si había un cambio de partido, el pobre se quedaría sin el santo y sin la limosna. Entonces, como un milagro se presentó la vacante de la Jefatura de la Unidad de Análisis Financiero, porque su titular renunció como lo hicieron varios funcionarios del ICD, debido a que dicha Institución fue incluida dentro del Régimen del Servicio Civil. Varios funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporados al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, optaron por el puesto, pero el honorable Consejo Directivo no los consideró aptos para ocuparlo y oh sorpresa, nombraron Jefe Interino a Quirós Benavides. Debe indicarse que aparte del problema con sus requisitos académicos, el no cumplía con los requisitos de experiencia en aspectos bancarios y financieros que exigía ese puesto, los cuales adquiriría mientras tenía ese puesto como recargo. Esta anómala situación se mantuvo durante casi todo el gobierno de los Arias. Al venir el cambio de Gobierno, se nombró a Robert Quirós como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que en ese tiempo era un reconocido experto en legitimación de capitales y era anunciado en reuniones y conferencias como el Dr. Quirós.
La acusación que se ha hecho contra este funcionario es de uso de documento falso, pero en realidad su falta va más allá. Cobró un 65% más de su sueldo base por dedicación exclusiva y otro tanto por carrera profesional. Además por no estar incorporado a colegio profesional alguno, incurrió en el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
Pero la culpa no es solo de Quirós. La negligencia del Consejo Directivo que lo nombró, del Director General que nunca lo investigó y del Departamento de Recursos Humanos que estudió su expediente, recuerda la de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando nombró como enfermero a un piro maniaco con títulos falsos que luego incendió el Hospital Calderón Guardia.
Esperamos que esta investigación contra Quirós se lleve a las últimas consecuencias, pero que no lo usen a él como chivo expiatorio, sino que los irresponsables que lo nombraron sean también llevados a los Tribunales de Justicia, porque nos cansamos de oír las quejas de la señora Presidenta y del Ministro de Seguridad, diciendo que no hay dinero para combatir el narcotráfico, pero aparentemente si lo hay para que los ahijados políticos de alguien, cobren altas sumas de dinero por ocupar puestos que no está legalmente capacitados a ejercer.
De una vez por todas, o se limpian las Dependencias de Lucha contra la Droga o mejor optamos por legalizarla. De todas formas, mafias hay en ambos bandos.

JOSE ANTONIO LOBO DEBE SER JUZGADO

El primer día del juicio contra el ex presidente de la Republica Miguel Ángel Rodríguez, varios de los abogados defensores de los imputados, objetaron el arreglo hecho por la Fiscalía con uno de los principales autores de ese fraude contra el Instituto Costarricense de Electricidad y los usuarios del sistema de telefonía móvil, José Antonio Lobo Solera.

Debe recordarse que Lobo, en el momento en que se favoreció a la empresa ALCATEL, ocupaba el puesto de directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, posición de la que se valió para ponerse en contacto con los representantes de la empresa francesa para proponerle el trato inmoral del que se beneficiaron varias personas. Lobo, por medio de las cuentas corrientes de su esposa, recibió y repartió las mordidas provenientes de la empresa ALCATEL.

Por tanto el papel de José Antonio Lobo fue protagónico en este hecho delictivo. No obstante debido al concepto de justicia que existe en Costa Rica, solamente pasó unas horas detenido (suponemos que mientras se ponía de acuerdo con la Fiscalía) y posteriormente quedó libre. El único castigo que recibió fue tener que borrar de su casa un graffiti dejado por la justicia popular donde se leía LOBO LADRÓN.

Los motivos del Lobo:

Una de las razones que dio la Fiscalía General para llegar a este contubernio entre las sombras con Lobo, es que era más importante poder juzgar a un ex presidente de la República que al Directivo de una institución autónoma. Para poder valorar esta afirmación debemos recordar lo sucedido después de que ocurrieron estos escándalos políticos.

Se organizó una marcha contra la corrupción y en ella participó el Fiscal General Francisco Dall Anesse, como figura protagónica con un lacito en su solapa. Don Francisco había llegado al clímax de su popularidad, lo que era muy conveniente para lo que venía después.

Otra causa que también ha trascendido para haber llegado a la negociación con el Lobo Ladrón fue que éste le debía obediencia al ex presidente Rodríguez, ya que cuando era directivo del ICE era a la vez asesor del entonces presidente Rodríguez. Este argumento es asqueroso por el mensaje que envía. Estamos acostumbrados a que en los últimos gobiernos los altos, medianos y bajos puestos han llegado a ser ocupados por chupamedias que no saben decir que no a sus jefes. Pero de esto a justificar a Lobo por cometer un acto de este tipo por obediencia debida, hay un mundo de diferencia. Esta justificación hace recordar a la que dieron la mayoría  de los nazis en el Juicio de Nuremberg, cuando atribuyeron los crímenes masivos de judíos, comunistas, homosexuales y gitanos a las ordenes de Adolfo Hitler. Parece que para los jueces de Nuremberg estos argumentos no fueron válidos, pero para la Fiscalía y algunos jueces costarricenses si.

La ambición de don Francisco

Meses después las verdaderas razones de la Fiscalía General se descubrieron. Don Francisco quería ser Magistrado y claro que si para su curriculum personal era más conveniente la cabeza de un ex presidente que la del directivo Lobo. O sea, la Justicia fue cambiada por la ambición.

El Partido Acción Ciudadana, en uno de los tantos desaciertos que lo llevaron a perder cerca del quince por ciento de los votos en las pasadas elecciones, apoyó las pretensiones del Fiscal, y su postulación terminó por convertirse en un fracaso, tanto para él como para sus proponentes.

Los torcidos caminos de la Fiscalía:

Volvamos ahora a los procedimientos equivocados y hasta ilegales que ha seguido la Fiscalía en los dos juicios contra los ex presidentes. En el caso CAJA FISCHEL, contó con dos testigos estrella. Uno de ellos fue Emilio Bruce , ex presidente de la Cámara de Comercio y Presidente de la Corporación Fischel. En su declaración este preclaro comerciante lo único que hizo fue hundir a Calderón. Pero uno se pregunta. Cómo es posible que tan brillante empresario no supiera como presidente de la empresa qué estaba pasando en la misma y qué estaba haciendo Calderón moviéndose libremente por los pasillos del viejo edificio Fischel.?

El otro testigo fue don Walter, quien según se ha informado, para ablandarlo fue encerrado con delincuentes comunes quienes procedieron a sodomizarlo.

Parece que este humillante ablandamiento resultó efectivo. En el juicio se mostró arrepentido y terminó de hundir a Calderón. La diferencia que pidió la Fiscalía para uno y para otro, da a entender que todo había sido arreglado previamente por la Fiscalía. Para el principal corruptor se pidieron cuatro años y para el principal corrupto veinticuatro.

No hay duda que este tipo de arreglos no hacen más que desprestigiar a la justicia costarricense. Por qué en vez de llegar a este tipo de contubernios la Fiscalía no ordena al Organismo de Investigación Judicial que investigue los casos. Sabemos que en ese organismo hay gente capaz y no solo cobardes quiebra dientes de estudiantes universitarios.

Los documentos de Panamá:

Ahora los representantes de la Fiscalía están luchando para que la prueba que según ellos es vital para demostrar que los fondos terminaron en cuentas del Presidente Rodríguez y que fue obtenida en forma aparentemente irregular en Panamá., gracias a la chapucería de los fiscales costarricenses. Si esta prueba es rechazada, hay muchas posibilidades de que todo el andamiaje de la Fiscalía se venga abajo y los culpables queden libres por fallas procedimentales Si esto sucediera, no sería nada nuevo. Recordemos que por la ineptitud de los fiscales, el crimen de la periodista IVANNIA MORA quedó impune, lo más probable para siempre.

Un alto a la Fiscalía:

Ya es hora de que los costarricenses pongamos un alto a estos arreglos ocultos del Fiscal General. No estamos a favor de ninguno de los expresidentes. Si ellos cometieron estos delitos deben ir a la cárcel y morir en ella. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en que para lograr estos fines, ladrones como José Antonio Lobo queden libres y disfrutando de los millones obtenidos de otras sinvergüenzazas cometidas en el ICE, todo por complacencia, ambición o incompetencia de la Fiscalía.

EL INMORAL INDULTO DE RODRIGO MATA

Hace pocos días el Ministerio de Justicia y el Presidente Arias anunciaron los indultos navideños. Debemos aclarar que la legislación costarricense contempla esta figura, por tanto no se cometió acto ilegal alguno al concederlos. Sin embargo siempre debe tenerse presente el espíritu de la ley. Consideramos que el indulto debe beneficiar a personas que cometieron un error en su vida, muchas veces arrastradas por la necesidad  la miseria y la ignorancia en que vive gran parte de la sociedad costarricense. El indulto no debe ser para personas que tienen todo el conocimiento de lo que hacen y que cometen delitos simplemente por ambición. Tampoco deben servir para fortalecer la posición que la Fiscalía ha tomado, desde que está al frente del actual Fiscal General, que es la de premiar al soplón, que no solo es un delincuente sino también es un cobarde y traidor con sus propios compañeros de banda. Este es el caso del indulto a favor del contador público autorizado Rodrigo Mata Cruz.

Mata Cruz estaba condenado a seis años de prisión por un delito informático cometido contra la Tesorería Nacional. Su función dentro de esta banda consistía en conseguir cuentas bancarias hacia las que se desviaban las transferencias de los fondos sustraídos a la Tesorería Nacional. Por la hoja de vida y el título universitario que poseía Mata Cruz, no se puede decir que este delito lo cometiera por necesidad extrema o ignorancia. Lo cometió por ambición y con todo el conocimiento de causa.

Mata Cruz fue durante muchos años funcionario del desaparecido Banco del Comercio, uno de los primeros bancos privados del país.

De allí pasó al Banco Germano Centroamericano a la posición de subgerente. Este banco cerró en medio de un escándalo y una estafa de más de seiscientos millones de colones. Una de las afectadas comenzó una lucha titánica para obtener justicia y la logró aunque fuera después de muerta. Los dueños y el gerente del banco fallido fueron condenados a penas que oscilaron entre los nueve y doce años de prisión. Se rumora que Mata Cruz alegó desconocer los movimientos fraudulentos del banco y por lo tanto no se vio mezclado en nada.

De allí pasó al Banco Cooperativo Costarricense, donde ocupó primero la posición de Auditor Interno y posteriormente la de Gerente Financiero. En este banco se le hizo una investigación por la venta de unas propiedades, en la que al final resultó absuelto. Se fue del Banco antes de que el mismo quebrara estrepitosamente en las propias narices de los inspectores de la Superintendencia General de Entidades Financieras, quiebra que quedó impune.

De allí pasó a la posición de Gerente Financiero del Banco Federado, miembro del Grupo FEDECREDITO, el cual por coincidencias de la vida también quebró en condiciones harto sospechosas. Ya cuando la debacle del Banco era inevitable, este gato negro de la banca costarricense, ya ocupaba una destacada posición en la Fundación Costa Rica Canadá, lugar en trabajaba cuando participó en la estafa contra los fondos del estado costarricense.

Vamos ahora a la preparación académica de Mata Cruz. Su profesión es la de contador público autorizado. El CPA al igual que el notario, tienen fe pública y es el encargado de dar fiabilidad al público de los estados financieros de las empresas, con el fin de que estos tomen decisiones de inversión o de financiamiento.

Aquí es conveniente resaltar la actitud complaciente y pusilánime del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Durante el tiempo que Mata Cruz estuvo en la cárcel siempre se mantuvo como miembro activo de este Colegio, o sea un estafador podía dar fe pública de los estados financieros de cualquier empresa. Los colegios profesionales por delegación del estado, son los encargados de garantizar la ética y la idoneidad de los colegiados. Entonces qué demonios estaba haciendo en este caso el Colegio de Contadores Públicos? Que garantía le da al público en general de la ETICA de sus colegiados?

Volviendo al caso del indulto nos encontramos ante el caso de una persona que tenía el suficiente conocimiento de lo que hacía, que por su profesión debía de guardar estrictamente la ética en las transacciones financieras y que usó sus amplios conocimientos de banca, para gestar una estafa contra el estado costarricense. Entonces su indulto sólo se puede justificar a la actitud de sapo que tuvo durante todo el juicio. Este, unido al precedente del caso Caja Fischel, en el cual la Fiscalía pidió para el corruptor ( quien también desempeñó el triste papel de sapo durante el juicio), la pena de cinco años y para el corrupto la pena de veinticuatro años, deja en ridículo a la Justicia costarricense.

Por eso no se extrañe si un  candidato presidencial demagogo obtiene éxito en las encuestas ofreciendo mano dura y sacando a un hombre desnudo en una caja de cartón.

No se queje don Luis Paulino Mora de las críticas que se le hacen al Poder Judicial. Ponga orden en el mismo, porque este indulto (legal pero inmoral) el cual fue recomendado por el mismo juez, es un escarnio a la justicia costarricense

SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES CONTRA ALCALDE DE OREAMUNO

Transcribimos parte del texto del documento donde se solicitan medidas cautelares contra el Alcalde de Oreamuno, Porvincia de Cartago. por el delito de desobediencia a disposiciones de la Sala Constitucional.

FUNDAMENTACIÓN DE LA

PRESENTE SOLICITUD DE

MEDIDAS CAUTELARES

De la relación de los hechos en contra de MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ALCALDE DE OREAMUNO, en perjuicio del suscrito y otros vecinos;  nos encontramos en presencia de la comisión del  delito DESOBEDIENCIA a las Ordenes de la jurisdicción Constitucional, tipificado expresamente en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, puesto que en el caso concreto en la etapa de investigación se ha concluido y existe en autos suficiente prueba documental y testimonial, para continuar con los autos contra el imputado MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, por el Delito de DESOBEDIENCIA a las ordenes emanadas de la Jurisdicción Constitucional, lo anterior por existir además el grado de probabilidad necesario en contra del imputado.

En el estudio pormenorizado del Expediente 08-002995-0345-PE, que para el efecto levantó la fiscalía para la investigación de esta causa, y de las fotocopias certificadas del Expediente Administrativo del Concejo Municipal, en las cuales consta en forma clara, precisa y circunstanciada como el querellado ha incumplido las Resoluciones de la Sala Constitucional en el sentido de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia. Consta en autos que el imputado ha sido notificado personalmente de las Resoluciones de la Sala Constitucional, no obstante lo cual y estando apercibido de que el cumplimiento de las mismas constituye el delito de Desobediencia a las Ordenes de la Jurisdicción Constitucional, EL IMPUTADO AL DIA DE HOY HA HECHO CASO OMISO DE DICHAS ORDENES.

Dentro del cuadro fáctico expuesto existe la probabilidad necesaria para la configuración de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal acusado (DESOBEDIENCIA a las órdenes de la Jurisdicción Constitucional, articulo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), donde el IMPUTADO ha violentado el ordenamiento jurídico penal al irrespetar las ordenes dictadas en forma expresa por la AUTORIDAD JUDICIAL de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia.

De la totalidad de la prueba recabada, por la Fiscalía en la etapa de investigación se llega con un grado alto de certeza a que:  MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, es autor responsable del delito de DESOBEDIENCIA, y existe basta prueba para determinarlo en la etapa de juicio.

Por las razones expuestas, planteo la presente:

SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES INMEDIATAS y le pido señor Juez (a) que dicte MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO A SABER: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL, QUE OSTENTA MARCO VINICIO REDONDO QUIRIOS ORDENANDOSELE NO ACERCARSE A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO hasta que su Autoridad así lo determine, LO ANTERIOR, POR ESTAR EN PRESENCIA DE UN DELITO FUNCIONAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 244, inciso i), del Código Procesal Penal, y por estársele atribuyendo en la Acusación que realiza Fiscalía del Ministerio Público, y la presente DEMANDA en contra del Alcalde Municipal MARCO VINCIO REDONDO QUIROS, la supuesta autoría de  DELITOS FUNCIONALES, SOLICITAMOS QUE DE FORMA INMEDIATA SE IMPONGA  EN  APLICACIÓN DEL ARTICULO 244 INCISO I), DEL CODIGO PROCESAL PENAL COMO MEDIDA CAUTELAR INMEDIATA, LA SUSPENCIÓN DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE OREAMUNO AL SEÑOR MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ESTO PARA EVITAR MÁS PERJUICIO Y ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, POR SUS REITERADOS Y DESAFIANTES INCUMPLIMIENTOS A LAS ORDENES EMITIDAS TANTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO.

Se justifica dicha solicitud y su aplicación, en virtud de que tal y como se señalo líneas atrás, nos encontramos en presencia de la autoría de un Delito Funcional como lo es la Desobediencia a una Orden de la Sala Constitucional. De la prueba que consta en el Expediente y del propio   VOTO Nº 2009-00590 de las  catorce horas y cincuenta y dos minutos del veintiuno de enero del dos mil nueve. En el cual se Ordena  Testimóniense piezas al Ministerio Público para que investigue la desobediencia a lo dispuesto en la sentencia número 2007-17407 de 28 de noviembre de 2007, adicionada por auto número 2008-1657 de 1 de febrero de 2008, por parte del Alcalde Municipal de Oreamuno, Marco Vinicio Redondo Quirós..”.

Queda evidente y manifiesto de que el imputado se niega a cumplir a toda costa con lo Ordenado por la Sala Constitucional, sobre la Obligación de este de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia.

Más bien aferrado a su cargo de Alcalde Municipal, impide a sus empleados el cumplimiento de dichos actos, con lo cual obstaculiza el cumplimiento de las Ordenes de la Sala Constitucional.

Lo que mas preocupa señor (a) Juez (a) es que el imputado demuestra toral desprecio por  lo emanado en sede judicial, lo que nos da una señal sumamente preocupante de cómo estará la aplicación de otras normas y procedimientos (Ley de Control Interno y de presupuesto por ejemplo) a lo interno del municipio con el actuar del Alcalde, si lo que demuestra es una constante negativa de cumplimiento de lo que se externa vía judicial.

 

Al negarse el imputado a cumplir lo ordenado por la Sala, esta provocando un perjuicio enorme tanto moral como económico, poniendo en peligro la salud publica, Y LAS ARCAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, provocando que tal y como lo ha manifestado la propia Presidenta del Concejo Municipal de Oreamuno y lo ha tenido como hechos probados la Sala Constitucional

 

“…AL NEGARSE EL ALCALDE MUNICIPAL A OTORGAR EL VISADO DE PLANOS, Y EL RECIBIMIENTO DE LAS OBRAS FINALES DEL PROYECTO VISTA HERMOSA; Y LA DOTACION DEL AGUA POTABLE CONFORME A LOS DISEÑOS APROBADOS; NO SE PUEDE CONTINUAR  CON LO SIGUIENTE :

 

  • LA SEGREGACION MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE LA FINCA MADRE, DE LOS 477 LOTES QUE CONFORMAN LAS 477 CASAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO VISTA HERMOSA, ASÍ COMO LOS LOTES DE LAS AREAS PÚBLICAS, EL LOTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EL LOTE DEL POZO, Y LOS LOTES QUE CONFORMAN LAS CALLES PÚBLICAS. PUES PARA ELLO EL REGISTRO PÚBLICO, SOLICITA PARA DICHO ACTO NOTARIAL EL VISADO MUNICIPAL ( ARTICULO 33 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA Y 30 DE LA LEY DE CATASTRO)..

 

  • AL NO OTORGARSE EL VISADO POR PARTE DEL ALCALDE, EL URBANIZADOR NO PUEDE REALIZAR LA SEGREGACIÓN DE LOS LOTES DE AREAS PÚBLICAS Y ENTREGARLAS A LA MUNICIPALIDAD, TAL Y LO ESTABLECIDO el articulo 13, del Reglamento para la Obtención de Permisos de Construcción, Visado de Planos y Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Oreamuno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.149 del lunes 6 de agosto del 2001

 

  • EL IMPUTADO MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, SE NIEGA A COMPARECER COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, ANTE NOTARIO PUBLICO, PARA ACEPTAR LA DONACION DE LAS AREAS PUBLICAS, QUE DEBE TRASAPASAR EL DESARROLLADOR A DOMINIO MUNICIPAL.

 

  • EL BANHVI, y la entidad autorizada Banca Proamerica, al NO ESTAR EL VISADO MUNICIPAL, Y NO HABERSE PODIDO SEGREGAR LA FINCA MADRE, NO PUEDE OTORGAR Y FORMALIZAR LA ENTREGA A LOS 477 BENEFICIARIOS DE SU CASA Y LOTE CON SU RESPECTIVA ESCRITURA Y PLANO CATASTRO.

 

  • AL NO ESTAR SEGREGADA LA FINCA MADRE EN LA CUAL SE CONSTRUYO EL PROYECTO VISTA HERMOSA, LA MUNICIPALIDAD NO PUEDE EJERCER CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA URBANIZACIÓN VISTA HERMOSA, TODAVEZ QUE LO QUE EXISTE EN ESTE MOMENTO CATASTRALMENTE Y REGISTRALMENTE ES UNA SOLA FINCA MADRE, CON UN UNICO PLANO CATRASTRO, EN LA CUAL HAY 477 CASAS CONSTRUIDAS EN UNA SOLA FINCA, EN LA CUAL HABITAN 477 FAMILIAS, QUE FORMALMENTE NO SON PROPIETARIAS DE SUS CASAS, SINO QUE ESTAN ALLÍ POR UN CONTRATO DE COMODATO O PRESTAMO GRATUITO, OTORGADO POR LA COMPAÑÍA DESARROLLADORA, LA CUAL ES LA DUEÑA REGISTRAL DEL INMUEBLE. POR LO QUE ES PROPIEDAD PRIVADA.

NO SE HAN PODIDO CONSTRUIR NI INSTALAR LOS EBAIS DE LA CCSS, PUES TODAVIA ES PROPIEDAD PRIVADA.

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO NO PUEDEN BRINDAR AYUDA, PUES EL PROYECTO TODAVIA ESTA EN PROPIEDAD PRIVADA.

 

Por estas razones es que SOLICITO SE IMPONGA  EN  APLICACIÓN DEL ARTICULO 244 INCISO I), DEL CODIGO PROCESAL PENAL COMO MEDIDA CAUTELAR INMEDIATA, LA SUSPENCIÓN DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE OREAMUNO MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ESTO PARA EVITAR MÁS PERJUICIO Y ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, POR LOS REITERADOS Y DESAFIANTES INCUMPLIMIENTOS DE LAS ORDENES EMITIDAS TANTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO.

Y SE PROCEDA CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 14 DEL CODIGO MUNICIPAL, A SUSTITUIRLO TEMPORALMENTE DURANTE EL TIEMPO DE IMPOSICION DE LA MEDIDA CAUTELAR Y SE NOMBRE A ALGUNO DE LOS ALCALDES SUPLENTES, ESTO PARA CUMPLIR DE UNA VEZ POR TODAS CON LO ORDENADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL.

 

PETITORIA:

Con fundamento en los numérales 16, 303, 306, 316 y 321 del Código Procesal Penal, solicito se proceda al examen de la DEMANDA y se aplique la SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

NOTIFICACIONES:

Al demandado: MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, portador de la cédula número 1-667-558, en la Provincia de Cartago, Cantón Oreamuno, Distrito San Rafael, exactamente 200 sur y 25 metros este del Palacio Municipal, casa de color blanco con beige, ubicada contiguo a la colindancia este de la Sucursal del Banco de Costa Rica.

Las mías las estaré escuchando el fax

RODOLFO PEREZ CAMPOS.

3-306-932

Es aut.

LIC. MAURICIO ALVARADO DELGADILLO

ABOGADO Y NOTARIO 7532

 

COSTA RICA, UN MAMARRACHO LLAMADO JUSTICIA

El caso de la jueza novata:

En marzo del presente año fue incautada en la zona sur del país una cantidad aproximada de 300 kilos de cocaína los cuales fueron dejados en custodia en los Tribunales de Golfito, zona sur de Costa Rica y parte del país que domina el Cartel de Sinaloa.

Sin embargo, la noche del 26 de marzo el cargamento completo, supuestamente custodiado por la policía costarricense, desapareció.

Don Jorge Rojas, Director del OIJ, no se echó atrás ante este revés. Se investigó el hecho y se determinó que había tres policías y cuatro civiles sospechosos de haber robado la cocaína de los Tribunales de Golfito, por lo que se procedió a su detención con el fin de que se dictaran medidas cautelares.

La sorpresa fue mayúscula cuando la joven jueza interina Andrea Vargas Villalobos, ordenó la libertad de todos los sospechosos, el mismo día en que se vencía su nombramiento.

Se ha tratado  de justificar la actitud de la jueza en su juventud y su falta de experiencia. Consideramos que estas excusas ofenden a la inteligencia de la mayoría de los costarricenses, porque se supone que una persona que ostenta un título de licenciado en Derecho, debe tener el suficiente criterio para sustentar sus actos de manera lógica y, además se supone que el Poder Judicial prueba la capacidad de sus funcionarios antes de nombrarlos.

Podría ser que la joven jueza se hubiera visto expuesta a presiones contra ella o contra su familia, por parte de los propietarios de la droga, lo que vendría a probar que el deterioro en los últimos años en el sistema de seguridad costarricense ha sido mayúsculo. Podría ser también que haya recibido alguna retribución por su acto, lo que sería prueba irrefutable de que la corrupción ha penetrado al Poder Judicial hasta los tuétanos o bien que se trató de la falta de conocimiento de la jueza sobre materia legal, con lo que tendríamos que llegar a la conclusión de que en Costa Rica LA JUSTICIA NO SOLAMENE ES CIEGA, SINO TAMBIEN RETRASADA MENTAL.

El caso está en manos de la Inspección Judicial por lo que para aclararse tanta duda habrá que esperar que se resuleve.

Veamos ahora otro caso de la forma en que se administra Justicia en Costa Rica, cuando están involucradas las inversiones de compañías transnacionales, con base en el artículo escrito por José María Villalta.

Crónica de un tour empresarial por la mina Crucitas

El viernes pasado acompañé al diputado José Merino a la “inspección” que realizó la Sala Constitucional al proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas en Cutris de San Carlos. Se supone que esta diligencia era para recoger pruebas que ayuden en el estudio de los recursos de amparo presentados contra dicho proyecto. De ahí que el diputado del Frente Amplio tuviera derecho a participar, por haber interpuesto uno de esos recursos en conjunto con FECON.

Mi primera conclusión de esta experiencia es que no hace falta ser científico o constitucionalista para darse cuenta de que la mina de oro no debe abrirse. Bastó con sufrir el paisaje dantesco de esos bosques exuberantes de riquísima e inigualable biodiversidad reducidos a escombros podridos, junto a otros todavía en pie pero a la espera del mismo destino. Para dar cabida a las fosas polvorientas de la minera. Tierra lastimada, quebradas aterradas, un olor a muerte que me hizo imaginar las historias sobre los campos de batalla de la primera guerra mundial. Aunque no encontramos los almendros caídos -al parecer la empresa se encargó de desaparecerlos muy bien- la verdad es que no entiendo qué más prueba necesitan los jueces de Costa Rica para entender que este modelo de producción es inviable, insustentable y nos lleva directo al despeñadero. Para mí fue suficiente y sobró.

Sin embargo, seguimos con la “inspección”. En la universidad me enseñaron que en las diligencias judiciales las partes deben tener la más estricta igualdad de derechos y que los jueces tienen la obligación de garantizar que dicha igualdad sea respetada y actuar con la más absoluta imparcialidad. Nada de esto ocurrió en Crucitas. Fue un proceso desigual, totalmente sesgado y parcializado a favor de la trasnacional minera.

En el primer punto de inspección los magistrados y los representantes de Industrias Infinito S.A. entraron en carro. Acto seguido la policía bloqueó la calle pública y prohibió el ingreso de los demás vehículos, obligando a las otras partes a caminar cerca de tres kilómetros para llegar al lugar. Diputadas y diputados, ecologistas, universitarios y sus abogados, algunos de avanzada edad y con problemas de salud, llegaron al lugar de la inspección a pie, jadeando bajo el sol inclemente, mientras los jueces y la trasnacional minera ya tenían varios minutos de conversar alegremente. Cuando reclamaron que ese trato era “injusto”, recibieron regaños del magistrado Mora y la aclaración: “A mi la empresa no me ha dado nada”. En realidad, nadie había preguntado tal cosa.

A estas alturas estaba claro que lejos de “inspección” eso era más bien un paseo guiado por la empresa. Así había sido decidido por la Sala desde que rechazó una petición de Unión Norte por la Vida para que don Alfredo Arias, campesino vecino de la mina, quién conoce la zona como la palma de su mano, participara proponiendo lugares para inspeccionar. Don Alfredo sabe bien lo que hay ahí y lo que se podría perder. Pero los magistrados lo rechazaron porque, en sus palabras, los sitios a visitar ya habían sido “predeterminados”.

Predeterminados por la trasnacional. Esto es como el que tiene un cadáver que huele feo en la cochera de su casa. Cuando invita gente ni loco los lleva a la cochera, no vaya a ser que lo descubran. Pues así ocurrió. Los magistrados vieron lo que la trasnacional minera quiso que vieran. Nada más. Los llevaron a ver una parte del bosque talado y una naciente de agua acondicionada por la empresa, pero nunca pusieron un pie en los bosques que van a ser arrasados ni en las muchas otras nacientes que serán enterradas. Aunque los recurrentes lo pedimos, esos pedidos fueron ignorados. ¿Cómo entonces van a saber el daño real que la mina ocasionará? Si nunca vieron las fuentes de agua o las especies en peligro de extinción que se perderán.

El colmo fue cuando la empresa los llevó a ver el “vivero” con el que, dicen, van reponer el daño que dejarán sus inmensos cráteres. Algunos expertos advirtieron que en los chinamos de la feria del agricultor de Coronado se encuentra más diversidad de especies forestales nativas que lo que ahí había. Por supuesto que para ver eso no hacía falta ir hasta la frontera con Nicaragua.

El trato para las personas recurrentes fue desigual e incluso irrespetuoso y humillante. En cada lugar los magistrados escuchaban atentos las explicaciones de los mineros –sí, las mismas de la mina Bellavista en Miramar- del tipo “nuestra tecnología de punta a nivel mundial” y “somos la mina más moderna de América Latina”, pero cada vez que los recurrentes querían hablar se les callaba y se les recordaba que “esto no es una audiencia”. Para nada importaba que lo que tuvieran que decir fuera importante. El biólogo Javier Baltodano, experto en botánica, pidió la palabra en varias ocasiones para señalar hechos concretos como que, ahí donde no veían nada, había un enterolobium schomburgui o guanacastequillo (árbol en peligro crítico de extinción) o para aclarar, contra lo dicho por los mineros, que el área talada representaba apenas un 30% del bosque que sería destruido. Pero lo callaron. Lo mismo le pasó a la Yamileth Astorga de la UCR quién exigió que le explicaran lo que en un sitio ya inspeccionado se había hablado, porque, nuevamente, no había podido estar presente a tiempo debido a que los guardas de la minera no dejaron entrar el carro en que viajaba. De forma despectiva el supremo magistrado le dijo “pregúntele a su amigo”. Cuando se le increpó por qué no aplicaba la misma medida a los personeros de la empresa, respondió, “es que yo no puedo impedirles que hablen”.

¿Y el Ministerio de Ambiente? Fue absolutamente imposible distinguir entre sus funcionarios y los empleados de la compañía minera. Estaban totalmente fusionados. Defendían a la trasnacional hasta cuando nadie se los pedía. Desde que empezó la “inspección” percibí una sombra que se encogía detrás de los representantes de la empresa, siempre agachada para que nadie le preguntara nada. Por fin logré reconocerla. Era el ministro.

Al final del día Edgardo Araya de UNOVIDA logró que los magistrados fueran a ver dos nidos de lapa verde ubicados en una propiedad que colinda con la mina –a pesar de que los expertos de la empresa afirman que “por ahí no hay lapas”- Mientras los campesinos de la zona señalaban los nidos a los magistrados, un empleado judicial se dejó decir, en medio de las risas de sus compañeros: “pero si esos son nidos de zopilote”. A ese tampoco lo callaron.

Reconozco, no sin vergüenza, que en ese momento empecé a delirar. Soñé que bajaban del cielo las lapas furibundas y les picoteaban la cabeza a los mineros y sus mercenarios. Todos los demás llorábamos de alegría. Un instante de redención para la vida en medio de tanta porquería. No pasó.

Esa es la segunda conclusión de este tour. La justicia y la defensa de nuestro futuro no caen del cielo.

Por eso dejo para el final de este relato la parte feliz de la historia. La gente luchando.

Jóvenes, estudiantes, campesinos, amas de casa, ecologistas, educadores, trabajadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, de toda la zona norte y el resto del país se tiraron a la calle a defender la vida con dignidad, alegría y determinación. Cada vez es mayor el nivel de conciencia de estas comunidades sobre la estafa de la minería y sus falsas promesas. La movilización de gente en contra del proyecto fue contundente y notoriamente mayoritaria. La empresa no logró movilizar a prácticamente nadie.

Todo indica que de muy poco están sirviendo los chantajes que juegan con el hambre de las personas. De muy poco está sirviendo la complicidad del Gobierno que descaradamente vincula servicios que pagamos todos y que históricamente han sido negados a estas comunidades con el apoyo a la minería. De nada les ha servido abrir oficinas del IMAS en la sede de la empresa, para que la gente crea que esta es quién los brinda.

Pero no es solo que la conciencia y la movilización de la gente de la zona norte sigue creciendo cada día. Lo más importante es que este movimiento iniciado hace ya 16 años por un grupo de luchadoras y luchadores que siguen todavía en pie finalmente ha logrado ganar la conciencia y llegar al corazón de una gran mayoría del pueblo de Costa Rica. Hoy por hoy una inmensa mayoría de nuestro pueblo rechaza la minería metálica a cielo abierto como opción de desarrollo y se opone al proyecto Crucitas.

Tan es así que hasta la candidata Chinchilla, la misma del Gobierno de la guerra contra la naturaleza que promovió y permitió este desastre ambiental y hasta lo declaró de “conveniencia nacional”, ahora pretende confundir a la opinión pública con su posición sobre este tema. Dice su vocero que Crucitas será “el último” proyecto que promoverán.

Como ya el pueblo no come cuento vamos a tomarles la palabra. En la Asamblea duerme el sueño de los justos desde 2005 un proyecto de ley que presentamos con el exdiputado Gerardo Vargas Leiva (PAC) para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (expediente15.948) Aunque solo consta de dos artículos y está listo para votarse, lleva diez veces más tiempo en la Asamblea que el que los diputados tardaron en aprobar –sin leer- la ley del TLC que limitó el acceso a las fotocopias para estudiar. Desde la fracción del Frente Amplio estamos proponiendo que se conozca y se vote. Así veremos quién es quién. A ver si es cierto que ya no quieren más devastación de la naturaleza.

Hasta aquí esta crónica agridulce. A pesar de tanto irrespeto, tanta burla, tanta denegación de justicia, a pesar de tanta muerte, está la dignidad incomprable de un pueblo que se resiste a dejar sin país a nuestras nietas y nietos. Un pueblo que no va a permitir que siga la destrucción con o sin Sala IV. Ese es nuestro oro.

ACTO VANDALICO CONTRA FOTO DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

De acuerdo con lo informado por varios diarios costarricenses, después de la actividad realizada en el Salón de Ex presidentes de la la Asamblea Legislativa, para conmemorar el centenario del natalicio del fundador del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde, la foto del ex presidente Miguel Angel Rodríguez Echeverría apareció rayada.

Debemos aclarar que  nunca hemos simpatizado con el señor Rodríguez en el aspecto ideológico, pero si nos sentimos identificados con él cuando fue sacado esposado del avión en que voluntariamente regresaba al país para hacer frente a los cargos de corrupción que se le hacían y que aún hoy no han llegado a ventilarse ante los Tribunales de Justicia. Nos dio asco esta humillación por innecesaria y sobre todo porque estaba orquestada para que el populacho se deleitara ante este acto y se olvidara que estaba siendo gobernado por el presidente más inepto en toda la historia del país, Abel Pacheco.

Causaba repugnancia saber que detrás de este depravado acto circense se ocultaban las ambiciones de un Ministro de Seguridad que quería ser candidato y de un fiscal que había tomado su puesto como escalera para llegar a ser magistrado.

Así como ese acto llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría nos causó indignación, la mutilación hecha al cuadro de Rodríguez nos produjo  el mismo efecto.

Primeramente por destruir de esa forma la obra de un artista. Creemos que una obra hecha por una persona que tiene facultades para plasmar sus obras en lienzo merece respeto, ya sea que se trate de la reproducción de la foto de Rodríguez, de Abel Pacheco, de Oscar Arias o de Judas Iscariote. Quien llevó a cabo esa acción se puso al nivel de las bestias uniformadas de marines que no solo invadieron Irak, sino que fueron cómplices y autores de la destrucción de una parte muy valiosa del patrimonio de la humanidad.

En segundo lugar, el acto es repudiable por innecesario. El rayar un cuadro en nada contribuye en la lucha por la justicia social en el país, sobre todo si se hizo aprovechando un acto en memoria de un hombre como Manuel Mora Valverde, quien durante toda su carrera política se distinguió por su lucha por la paz y por haber formado un comunismo que luchó por los intereses de los trabajadores en un ambiente democrático y que nunca se plegó a las órdenes que emanadas por el corrupto régimen soviético.

En tercer lugar debe rechazarse este acto por estúpido. Durante los últimos meses gracias a la capacidad de negociación de Merino, se han llevado a cabo varios actos organizados por el Partido Frente Amplio en el  Salón de Ex presidentes. También la capilla del antiguo Colegio de Sión ha albergado actividades propias del partido, las cuales de otra forma hubiera habido que realizar en locales alquilados, lo que hubiera provocado una salida fuerte de las arcas del Partido, las cuales no se caracterizan precisamente por su abundancia.  Ya se oyó la voz del presidente legislativo anunciando  que se limitará el uso de este recinto a actividades muy calificadas. Por tanto, lo único que logró ese gamberro fue perjudicar al Partido Frente Amplio.

También fue aprovechado por la diputada Lorena  Vásquez del Partido Unidad Social Cristiana, para indicar entre otras cosas ” Los asistentes al homenaje a don Manuel Mora no le hicieron ningún favor a ese hombre que merece ser Benemérito de la Patria”. Hace muy mal esta diputada en generalizar , porque la gran mayoría de los asistentes al acto respetamos el recinto de la Asamblea Legislativa por lo que representa, aunque  la forma de elegir diputados, precisamente impulsada por el partido de doña Lorena haya convertido ese lugar en una caballeriza.

No debe descartarse tampoco que esta acción fuera provocada por alguien ajeno al Partido. Recordemos que el  Primero de Mayo, un grupo de chiquitos de papi y de mami vestidos de negro, con sus actos vandálicos estuvieron a punto de dar al traste con la celebración organizada por los verdaderos trabajadores.

Por eso queremos instar al Partido Frente Amplio a darle seguimiento a la investigación que está llevando a cabo la Asamblea Legislativa, ya que debe quedar claro quien fue el actor material de este acto bochornoso. Si fue un miembro del Partido, el mismo debe ser expulsado en forma inmediata de él, porque en un partido que predica la  libertad, igualdad, fraternidad, socialismo y justicia social,  no hay cabida para una persona de esta calaña. En caso de que no lo fuera debe quedar claro qué intereses bastardos perseguía quien llevó a cabo este bochornoso acto, aprovechando la conmemoración del natalicio de uno de los hombres más grandes que ha tenido Costa Rica.