NO QUEREMOS NI A CLARO NI A MOVISTAR

Durante la última semana, ha surgido un movimiento, con el fin de sabotear la operación de las transnacionales CLARO (América Móvil) y MOVISTAR (Telefónica de España). El boicot consiste en que quienes operamos con el Instituto Costarricense de Electricidad no atendamos llamadas provenientes de esas dos operadoras.
A simple vista la medida pareciera ilógica. Ambas operadoras pagaron en conjunto una suma que supera los ciento cuarenta y cuatro millones de dólares por hacer uso por quince años de frecuencias en Costa Rica. Este dinero, será usado en el desarrollo de la telecomunicación en el país por lo que todo parece muy bien. Antes de analizar el problema a fondo, es conveniente llamar la atención sobre el dinero de Claro y Movistar. Si los costarricenses no le seguimos la pista a cada centavo, pronto desaparecerá de la faz de la tierra, para caer en las bolsas de unos cuantos, como pasó con la donación taiwanesa para erradicar el problema de tugurios en la zona marginal de Pavas. El dinero se gastó, no se construyó una sola solución de vivienda y el ministro de ese entonces Fernando Zumbado, nunca tuvo que dar cuenta de lo que hizo.
Vamos a analizar ahora por qué no podemos estar de acuerdo con el ingreso en el mercado costarricense de CLARO Y MOVISTAR.
UN PROBLEMA DE SOBERANÍA:
Cuando estaba por aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la intromisión de las autoridades norteamericanas en asuntos internos costarricenses, fue evidente, así como la sumisión de nuestros gobernantes. Se dice que la privatización de los seguros y de las telecomunicaciones no había sido incluida en el Tratado por el gobierno de Abel Pacheco, por lo que el entonces, Representante de Comercio de los Estados Unidos Robert B. Zoellick, entró al despacho del presidente Pacheco y golpeó su escritorio exigiendo que esto fuera incluido. Pacheco, con su forma de gobierno que lo caracterizó, simplemente no hizo nada, pero en el gobierno inconstitucional de Oscar Arias, el asunto se consumó.
Que los Estados Unidos nos vean como una colonia, no tiene nada nuevo. Esa ha sido su actitud desde que alcanzaron la independencia del Reino Unido. Robaron territorio de otros estados hasta que se saciaron y en otros casos, pusieron y quitaron sátrapas como mejor servía a sus intereses. Pero la actitud entreguista, mezquina, arrastrada, cobarde y sucia de los gobernantes costarricenses no puede tener perdón. En un país, donde su pueblo tenga sangre en las venas, personas de esta calaña debieron haber sido juzgados y fusilados, y no premiados con penas simbólicas como hicieron nuestros Tribunales para terminar de desprestigiarse.
Pero, como no todos los costarricenses somos así, algunos consideramos que la presencia de CLARO Y MOVISTAR en nuestro suelo es una afrenta a nuestra soberanía. Si la mayoría de los costarricenses, en un proceso electoral limpio y libre de presiones, hubiera decido que debían operar aquí estaríamos de acuerdo, pero la forma en que lo lograron es lo que nos impulsa a oponernos a ellos a cualquier precio.

LAS HIENAS DE LA MISERIA.
Durante la década de los noventa, como resultado de las teorías de los Chicago Boys, se determinó que el Estado era ineficiente y que todas las empresas estatales debían ser privatizadas. Los gobernantes corruptos abundaban en Latinoamérica. Por ejemplo, los Salinas en México y Alberto Fujimori en Perú. De esto se valieron estas dos empresas, para comprar empresas estatales de telefonía a precios ridículos y en el caso de Slim, levantar su imperio económico. En España, la incursión de Telefónica (empresa que no quieren ni los propios españoles), fue considerada como la nueva conquista española. En Costa Rica, entonces presidente Rodríguez preparó todo para la venta de las telecomunicaciones al mejor postor, el cual no necesariamente sería el que pagara más al gobierno, sino el que le diera a él y sus amigos las mejores comisiones. El pueblo, pudo parar este negocio en las calles.

TIGRE SUELTO CONTRA BURRO AMARRADO.
Para que el negocio fuera interesante para las transnacionales, era necesario desprestigiar y debilitar al Instituto Costarricense de Electricidad. Para eso se valieron de varias armas, entre ellas efectuar el inmoral negociado con la empresa ALCATEL. Con esto Rodríguez y otros enemigos del ICE, no solo lo desprestigiaban, porque ha sido el servicio telefónico más malo que hemos conocido, sino que también, como luego se probó en los tribunales, adquirieron una buena tajada del negocio para ellos.
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, también hizo su parte, hace más de seis años tiene congeladas las tarifas de telefonía móvil para el ICE, pero todo parece augurar que muy pronto subirán, porque ya ahora se verían beneficiados los operarios privados.

ORO POR CUENTAS DE VIDRIO.
Ya las nuevas operadoras han comenzado a funcionar. Están haciendo grandes ofertas que solo tienen como fin debilitar a la competencia. Lamentablemente, si usted busca en Internet, las palabras CLARO ESTAFA Y MOVISTAR ESTAFA, encontrará la triste realidad del expolio que han hecho estas transnacionales a estos pueblos hermanos. Además, su cobertura es pésima. A usted le pueden ofrecer un celular a mitad de precio o hasta regalado, que tal vez le sirva para hablar con los vecinos de su barrio.
Claro, el objetivo que persiguen en debilitar al ICE, para lo que no dudamos que serán ayudados por el gobierno y los enemigos internos que tiene esta institución.
Piense que si el ICE llega a desaparecer o bien deja de ser el operador dominante, ellos tendrán abiertas las puertas, para hacer con usted lo que les de la gana, igual que han hecho en Perú, México y España.
En este caso no espere que las autoridades costarricenses le van a defender. Ya han demostrado su ineptitud, corrupción y entreguismo en el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la carretera a Caldera y el muelle granelero de Caldera, entre otros.
Usted tome la decisión que mejor le parezca de acuerdo con su conciencia. Por nuestra parte, MOVISTAR Y CLARO, no existen en nuestro país y nos abstendremos de hacer y recibir llamadas que provengan de esas operadoras. Nuestras instituciones y nuestro país están primero.

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QUEREMOS A LOS CULPABLES DE LA CRISIS DE LA CCSS

El problema de la Caja Costarricense de Seguro Social no es nuevo. Lo anunció a su debido tiempo Rodrigo Arias López ex funcionario  del Departamento Actuarial. En su informe, elaborado hace varios años, Arias López dejó establecido que el único asegurado que era superavitario para la Caja era el asalariado y que los demás sectores, sobre todo los asegurados por cuenta del Estado, dejaban déficit a la Institución. La respuesta de las autoridades de la Caja en ese momento, fue la esperada. Arias López fue víctima de una persecución feroz. Su computadora fue revisada por las autoridades de la Caja  su voz callada y sus derechos constitucionales pisoteados.

No parece lógico hacer esto, a un funcionario que estaba buscando el beneficio de la Institución y que anunciaba con tiempo para resolverla, la crisis que hoy enfrentamos. Pero, en Costa Rica, todo lo que tiene que ver con corrupción es lógico.

Desde hace varios años, la mafia de la medicina privada ha buscado despedazar la Caja Costarricense de Seguro Social, para que su nicho de mercado sea cada vez más grande.

Vemos como las clínicas privadas son hoy hospitales de dimensiones monumentales para nuestro país y como proliferan los consultorios privados, muchas veces atendidos por los médicos de la misma Caja, alrededor de los hospitales. Por tanto, a lo que nos enfrentamos hoy es a una conjura para terminar con la Caja, o al menos para quitarle la clase que la mantiene.

La respuesta del gobierno, surge de una voz de alerta supuestamente dada por la Auditoría Interna ante lo que uno se pregunta. Desde hace cuántos años el señor Hernández Castañeda ocupa el puesto de Auditor Interno de la Caja?. Entonces, en los años anteriores o bien guardó silencio o sus denuncias no fueron oídas. Si esas denuncias no fueron atendidas por la Junta Directiva de la Caja, entonces el señor Hernández Castañeda, debió de haber acudido a la Contraloría
General de la República y no guardar silencio hasta que fuera tarde. Si no las hizo a tiempo, debería tener la decencia de renunciar.

La respuesta del Gobierno ante la crisis ha sido la esperada. Primeramente la Junta Directiva de la Caja nombró una comisión, que como no fue del agrado de la Presidenta de la República, por lo cual fue disuelta. Se llamó a expertos de la Oficina Panamericana de la Salud, para que dijeran lo que todos sabíamos y lo más grave,  como dice Arias López, para hacer creer que la crisis viene de dos años para acá y tapar a los corruptos que han destruido la Caja. Ahora se ha nombrado otra Comisión, seguramente que si es del gusto de la Presidencia de la República, para que estudie las medidas a tomar para combatir los disparadores del gasto.

Es cierto que en el gobierno del presidente Arias, los gastos de la Caja se dispararon de manera astronómica, lo que le costó el puesto de Presidente Ejecutivo del ICE, al entonces Presidente de la Caja Eduardo Doryan Garrón, pero dejar las cosas ahí, y no ir más atrás es tender un manto de olvido sobre los corruptos que comenzaron a destruir la Caja, por medio de una privatización solapada.

Primeramente se firma en 1998 un convenio con el Ministerio de Salud, por medio del cual, la Caja Costarricense de Seguro Social, absorbe a gran parte de los funcionarios de este Ministerio y comienza a pagarles el sueldo, con la promesa del gobierno de reintegrarle esas sumas a la Caja. Esta es una de las primeras irregularidades. Si el gobierno de ese entonces quería desmantelar al Ministerio de Salud, por qué no despidió a los empleados, pagó sus liquidaciones laborales y, si la Caja los necesitaba los contrató como empleados nuevos? Por qué las altas autoridades de la Caja aceptaron un trato, a toda costa inconveniente para la Institución? Los que esos hicieron deben dar cuenta a los asegurados de este desafuero.

Luego viene la contratación de servicios al sector privado. La Caja deja de invertir en equipo y remite a los pacientes a clínicas privadas que adquieren el equipo y lo pagan con el dinero que les pagaba la Caja, por la remisión de los pacientes. En este momento, estos hospitales y clínicas privadas tienen el equipo y la Caja debe de comprarlo o seguir con estos contratos leoninos. Quienes firmaron estos contratos deben de dar cuenta de su actuación  a todos los asegurados.

Otro de los factores que ha esgrimido el gobierno para no pagar a la Caja, es que dice que hay diferencias abismales entre los saldos de las Cuentas por Cobrar al Gobierno que tiene la Caja y las que tiene el propio gobierno. Hasta donde tenemos entendido, durante más de veinte años, la Caja ha auditado sus estados financieros , por firmas externas. Qué han dicho estas firmas externas de esas diferencias? Las han señalado y la Caja no ha hecho nada por conciliarlas o simplemente han callado por ineptitud o para quedar bien con quienes los contratan. Tanto el Departamento Financiero de la Caja, como estas firmas contables, deben también una explicación a los asegurados.

Finalmente, doña Laura Chinchilla ha tomado en el problema de la Caja una posición que deja mucho que desear. No es firmeza decir un día que no se trata de buscar culpables y dos días después indicar lo contrario. No es honesto, tomarnos a los asegurados como rehenes, cuando dice que el pago de las deudas del Estado con la Caja, están sujetas a la aprobación del plan fiscal.  Doña Laura, usted no conoce las necesidades del pueblo, usted no sabe lo que es sentirse enfermo y necesitar una intervención quirúrgica o un simple examen médico y tener que esperar dos años para ser atendido, o tener que recurrir a un préstamo usurario, para pagar a la medicina privada. Cuando su esposo se accidentó, usted no tuvo problema en llevarlo al Hospital Cima, donde no tuvo que hacer fila para que lo atendieran.

Los asegurados que cada quincena vemos rebajado nuestro salario con las cuotas obreras de la Caja, no estamos pidiendo favores. Estamos pidiendo que se nos brinde un servicio que hemos pagado durante muchos años. No estamos dispuestos a subvencionar el seguro de los indigentes, de los privados de libertad y de los extranjeros, con nuestros fondos. Para eso está el Estado y si éste no cumple, no es problema nuestro.

Tampoco estamos dispuestos a un aumento de cuotas, hasta tanto la Caja no se ordene y los culpables de su debacle sean llevados a los tribunales a recibir penas de verdad. No castigos simbólicos como los del fraude CAJA- FISCHEL.

Recuerde doña Laura. EN LA CAJA NO FALTA RECURSOS ECONOMICOS, EN LA CAJA SOBRAN SERVILES, INEPTOS Y LADRONES.

LA CORRUPCION DETRAS DE LA LUCHA ANTIDROGAS

Informa el Diario La Nación en su edición del 17 de diciembre del presente año, que altos funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas, han presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Robert Quirós Benavides, por haber presentado un título universitario presuntamente falso, cuando optó por dicho puesto. Según los actuales jerarcas del Instituto Costarricense sobre Drogas, ellos descubrieron la anomalía, porque en una actualización de expedientes el señor Quirós Benavides se negó a entregar el título, por lo que se hizo la investigación en la universidad correspondientes, determinándose que el título que aparentemente había presentado anteriormente Quirós Benavides, corresponde a otra persona.
Todo esto suena muy bien si no se conocen los antecedentes de este funcionario en el Instituto Costarricense sobre Drogas y cómo su nombramiento en la Unidad de Inteligencia Financiera, es el producto de los actos del compadrazgo asqueroso que lamentablemente se han entronizado en la administración pública de este país. Vamos a ver los antecedentes de Quirós.
En agosto de 2003, fue nombrado Quirós Benavides como Director Adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas. El Presidente del Consejo Directivo que lo nombró estaba presidido por Randall Quirós Bustamante y estaba integrado por el Fiscal General, el Director del Organismo de Investigación Judicial, y la Ministra de Justicia entre otros. El Director General del Instituto era Guillermo Hernández Ramírez quien ha sido dos veces candidato a Fiscal General de la República. Allí salta la primera duda. Si hasta para un puesto de conserje en la administración pública le exigen al candidato llevar el original de los títulos que presenta, cómo fue posible que este nombramiento se tramitara con fotocopias. Porque si como afirman las autoridades del ICD, el título corresponde a otra persona, esto significa que la persona encargada de efectuar la escogencia nunca tuvo los atestados de Quirós en sus manos o bien se hizo una falsificación del título original, que se tragaron tan connotados funcionarios. Además la ley exige que el titular de este puesto, sea licenciado y en una investigación en la que no se dura más que cinco minutos en Internet se puede determinar que el flamante Director Adjunto no pertenecía ni al Colegio de Abogados, ni al de Contadores Públicos ni al de Profesionales en Ciencias Económicas.
Por tanto, para explicar este primer nombramiento de Quirós solo queda una alternativa. Los encargados del mismo fueron sumamente negligentes en el estudio de sus atestados (si es que ese estudio se hizo) o bien venía ungido por la Casa Presidencial y Randall Quirós simplemente presentó su candidatura y el resto de los participantes asintieron como borregos.
Pero parece que Quirós Benavides tenía un buen Padrino en el Gobierno. El puesto de Director Adjunto era por plazo determinado y si había un cambio de partido, el pobre se quedaría sin el santo y sin la limosna. Entonces, como un milagro se presentó la vacante de la Jefatura de la Unidad de Análisis Financiero, porque su titular renunció como lo hicieron varios funcionarios del ICD, debido a que dicha Institución fue incluida dentro del Régimen del Servicio Civil. Varios funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporados al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, optaron por el puesto, pero el honorable Consejo Directivo no los consideró aptos para ocuparlo y oh sorpresa, nombraron Jefe Interino a Quirós Benavides. Debe indicarse que aparte del problema con sus requisitos académicos, el no cumplía con los requisitos de experiencia en aspectos bancarios y financieros que exigía ese puesto, los cuales adquiriría mientras tenía ese puesto como recargo. Esta anómala situación se mantuvo durante casi todo el gobierno de los Arias. Al venir el cambio de Gobierno, se nombró a Robert Quirós como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que en ese tiempo era un reconocido experto en legitimación de capitales y era anunciado en reuniones y conferencias como el Dr. Quirós.
La acusación que se ha hecho contra este funcionario es de uso de documento falso, pero en realidad su falta va más allá. Cobró un 65% más de su sueldo base por dedicación exclusiva y otro tanto por carrera profesional. Además por no estar incorporado a colegio profesional alguno, incurrió en el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
Pero la culpa no es solo de Quirós. La negligencia del Consejo Directivo que lo nombró, del Director General que nunca lo investigó y del Departamento de Recursos Humanos que estudió su expediente, recuerda la de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando nombró como enfermero a un piro maniaco con títulos falsos que luego incendió el Hospital Calderón Guardia.
Esperamos que esta investigación contra Quirós se lleve a las últimas consecuencias, pero que no lo usen a él como chivo expiatorio, sino que los irresponsables que lo nombraron sean también llevados a los Tribunales de Justicia, porque nos cansamos de oír las quejas de la señora Presidenta y del Ministro de Seguridad, diciendo que no hay dinero para combatir el narcotráfico, pero aparentemente si lo hay para que los ahijados políticos de alguien, cobren altas sumas de dinero por ocupar puestos que no está legalmente capacitados a ejercer.
De una vez por todas, o se limpian las Dependencias de Lucha contra la Droga o mejor optamos por legalizarla. De todas formas, mafias hay en ambos bandos.

PECADOS DE LA CARRETERA CALDERA OROTINA

Tomado de Diario Extra, sección página abierta.

Por Rodolfo Silva, ex ministro de Obras Públicas y Transportes.
Cuando en 1973 la administración Figueres decidió reubicar el principal puerto del Pacifico en la bahía de Caldera, era evidente que con una nueva carretera conectando Ciudad Colón con Orotina, el nuevo puerto estaría a solo 80 km de San José, apenas una hora. Se estudió un trazado por la margen izquierda del Virilla (El Rodeo, Piedras Negras, Turrubares) que parecía el más económico, al pasar por tierras incultas de bajo costo. Pero con el tiempo se adoptó la ruta por la margen derecha (La Guácima, Turrúcares, Concepción), por terrenos más costosos y de difícil adquisición, como se vino a comprobar. Este pudo haber sido el primer pecado en la aciaga historia de esta ruta.
La crisis de deuda externa a principios de los 80 impidió mayores avances. No obstante, en 1986 el gobierno de Arias obtuvo $40 millones del BID para construir la nueva vía, aunque pasaron los años de esa administración sin que se utilizara el préstamo. Igual ocurrió durante el cuatrienio de Calderón (1990-94). Se desperdició la oportunidad de aprovechar esos recursos que el BID retiró al vencer el plazo de haberlos utilizado. El país pagó inútilmente $3 millones en comisión de compromiso. Se podía haber construido la carretera hace 20 años, pero algo -o alguien- falló.
A fines de los 90, sin financiamiento disponible, se consideró licitarla por concesión, pero faltaba adquirir más de la mitad del derecho de vía, lo que se entrabó por acción de “gavilanes” asociados a peritos valuadores y a dueños angurrientos que inflaban el valor de las propiedades. Aunque fueron denunciados ante el Ministerio Público en 1997, éste consideró que tal abuso no está tipificado como delito en el Código Penal. ¡Insólita interpretación! Ha tomado 20 años adquirir los terrenos para esta obra de interés público. Varios puentes mayores se licitaron en 1997 con $25 millones prestados por Venezuela. Se terminaron e inauguraron en la administración Rodríguez, y también se inauguró y bautizó la carretera, que aun no existía. Estos males inaugurales como que se pegan.
La administración Pacheco licitó el proyecto por concesión en 2004, con tan mala pata que solo hubo una oferta, de la empresa Cartelone, que pronto quebró. Se trató de interesar a la empresa Lavalin de Canadá, pero al año se retiró alegando que aun no se disponía del derecho de vía. Al llegar la administración Arias, se negoció directamente la concesión con Autopistas del Valle, un consorcio adjudicatario de San José-San Ramón desde 2005, que aun no logra financiamiento ni inicia la construcción después de 5 años, pero sigue de adjudicatario. Fue contratada bajo el nombre de “Autopistas del Sol” para construir Ciudad Colón-Orotina y además mejorar La Sabana-Ciudad Colón y Orotina-Caldera, ya construidos, lo que elevó el costo a $120 millones. Alegan que costó 3 veces más -$370 millones-… y aun no terminan. Así serán los peajes. Los sobreprecios parecen ser un pecado común de las concesionarias.
La empresa y el Consejo de Concesiones pegaron carrera para tratar de concluir la obra antes de las elecciones. El gobierno la recibió e inauguró el 27 enero, sin que estuviera lista. El resultado está a la vista: hubo de cerrarse para corregir serios problemas que han provocado graves accidentes. La firma inspectora ha señalado que se ignoraron informes sobre múltiples incumplimientos. ¿Deliberadamente para no demorar su inauguración? ¿Cayeron en un agujero negro? Debería investigarse, ya que de ser así, constituiría un grave pecado mortal.
Fue errado usar el diseño de hace 20 años con solo dos carriles y uno de ascenso, es diseño anticuado y peligroso, ya no se usa. El primer día se saturó la vía, y sigue ocurriendo en horas pico. Será peor si se construye el aeropuerto internacional propuesto en Orotina. Lo lógico era hacer la terracería para cuatro carriles, aunque por ahora solo pavimentaran dos. En el futuro, el costo de ampliarla va a ser prohibitivo.
El cobro de peaje se inició prematuramente, con la vía sin terminar. El monto a pagar y la ubicación de las casetas de cobro han sido cuestionados. Además, la concesionaria logró que el contrato incluyera una garantía de “ingreso mínimo anual”, de modo que si lo recaudado por peaje no alcanzara la suma prevista, el gobierno tendrá que pagarle la diferencia. ¿Quiere decir entonces que la empresa concesionaria no tiene que preocuparse por cierres de la carretera, o por la reducción del número de usuarios si estos creen que la ruta es insegura además de cara? Sin duda, la nueva administración no recibe la mesa servida, como se dijo, sino bien embarrealada.
(Página Abierta)


CORRUPCION EN POLICIA ANTIDROGAS EN COSTA RICA

COMUNICADO DE PRENSA

Este documento se está enviando tanto a medios nacionales como internacionales, ya que lo denunciado aquí ya se ha hecho anteriormente y el gobierno, la embajada americana y otros grupos afines se han encargado de minimizarlo. La presente denuncia tiene como fin sacar a la luz la grave situación de corrupción que se está llevando en la Dirección de la Policía de Control de Drogas de Costa Rica. Es sabido en todo el Ministerio de Seguridad la influencia que tiene el Director de dicha policía tanto a lo interno como a lo externo, tanto que alcanza a los principales medios de comunicación del país. Todos los hechos que se dan con vehículos quedan debidamente anotados en el libro de la oficialía de guardia de la PCD.

 1- El lunes 15 de febrero se denunció en Diario Extra que el Director de la Policía de Control de Drogas usa vehículos del estado y tuvo a dos oficiales esperándolo por 6 horas afuera mientras él tomaba licor con su esposa en la casa del exministro de seguridad Ramos y se le ocultó la información a los medios. Se le abrió una causa administrativa gracias a la nota de Diario Extra pero se sabe que la Ministra va a intervenir para que no pase nada.

 2- En tiempos en que el presidente Arias anuncia medidas para disminuir el gasto público y hace un llamamiento a sus ministros para que empleen medidas de austeridad. El Director de la PCD se da grandes gustos con el dinero de los contribuyentes. -Compra una silla ejecutiva para sentarse cómodamente en su despacho valorada en cerca de $1000. – Compra un sillón de cuero de lujo, que también se encuentra en su oficina valorado en más de 1 millón de colones. -Compra un Toyota prado del año entre la flotilla de autos discrecionales de la PCD y sólo lo utiliza para trasladarse él. Además todos los días hay que ir a traerlo y dejarlo a su casa de habitación por 2 de los oficiales de la PCD. Mismo auto que lo va a recoger a bares a altas horas de la noche y por los oficiales que estén de guardia. -En los últimos aniversarios de la PCD se ha contratado al grupo EDITUS y se le pagó cerca de $500 para darle un agasajo al Director de la PCD, cabe destacar que la señora Ministra de Seguridad estuvo en dicha actividad con alguno de sus viceministros. -El Director Solano, toma el o los autos necesarios para trasladar a sus familiares que viven en el extranjero cada vez que vienen a Costa Rica, hace un tiempo atrás se enojó demasiado porque una Van Ford no tenía los asientos listos y su hija ya iba a llegar al aeropuerto. -Tanto el Director como el subdirector de la PCD de Costa Rica permiten que el jefe del departamento de operaciones, que vive en Cartago viaje todos los días hasta allá en un automóvil propiedad del estado, esto ha pasado por más de 10 años.

 -El jefe del departamento de inteligencia de la PCD de apellido Torres hace lo mismo, usa un Auto de lujo decomisado al narcotráfico como si fuera su vehículo particular, viaja los fines de semana con su familia a Puriscal con combustible pagado por el Estado. -Al señor Torres, le llega un salario de cerca de 60 mil colones al mes por , ya que tiene varias pensiones y rebajos, y se da una vida de lujo y confort, comiendo todos los días en restaurantes privados y alquilando una apartamento de lujo. Se aclara que el señor Torres es el que maneja el dinero que la DEA le da mensualmente a la PCD, y que con consentimiento del Director de la misma el dispone a su antojo.

 -Hace unos años atrás se compró un vehículo nuevo de agencia, y cuando llegó a las instalaciones de la PCD al Director Solano no le gustó el color del mismo y lo mandó a pintar, otro gasto innecesario. -Hace unos meses atrás dejó olvidada su arma de reglamento en un bar y los oficiales Porras y Mcguines del departamento de Operaciones la fueron a recoger y posteriormente dejar a su casa.

 Debido a las constantes humillaciones, al maltrato y explotación al que son sometidos los oficiales y los administrativos de la PCD por la Dirección se planteó una denuncia en el Ministerio de Trabajo, esto desencadenó una farsa totalmente risible. Llegaron dos inspectores para hacer entrevistas a los trabajadores, la entrevista era personal y lo que se preguntaba era si se tenían problemas directos con el Director Solano, pero que antes de contestar estaban obligados a firmar la denuncia en contra del director por fuerza. Los trabajadores le expusieron a los inspectores que ellos no podían hacer eso porque es bien sabido el castigo al que se verían sometidos, y los inspectores mismos dijeron que ellos no podían hacer nada, que la orden venía de un superior muy alto y que no podían hacer una encuesta anónima ya que el director estaba protegido por las altas esferas. Esto dejó a los trabajadores desilusionados ya que se pudo ver el grado de poder y corrupción que se da. De hecho fue planteamiento de los inspectores que se llevaran las denuncias a la prensa, ya que la diputada Ballestero es cuñada del Director Solano y la presión era mucha.

 -El señor Solano y el subdirector Arévalo tienen totalmente prohibido que los oficiales estudien, ya que en palabras del subdirector Arévalo eso No trae ningún beneficio a la institución. Se olvidaron tanto el Director como el subdirector que ellos estudiaron y se graduaron siendo agentes policiales. ¿Por qué no dejan que sus oficiales se profesionalicen de verdad como lo dice la señora Ministra? Maltrato al personal, casos más relevantes:

 -La Sra Mauren Solano sufrió una persecución laboral por quedar embarazada por segunda vez. Esto derivó en que por estar embarazada le quitaran su plaza de oficial y la rebajaran a secretaria, la señora apeló a la Sala Cuarta y esta falló a su favor, obligando al Director Solano a devolverle su puesto. -Un oficial del aeropuerto Juan Santamaría fue trasladado a una de las delegaciones más lejanas porque no le ayudó el Director de la PCD a jalar sus maletas. -La Sra. Ana Yansi Carranza sufrió la última de esas persecuciones, hasta que el Director Solano le logró quitar la plaza y despedirla, esto debido a que la Señora Carranza varias veces se le enfrentó y defendió sus derechos.

-Los dos suicidios que se dieron en la PCD en los últimos años que por cierto los medios callaron indignantemente, el primero de una joven oficial de operaciones y el último el de el oficial Peralta que fue el que más repercutió en la población laboral de la PCD, ya que cuando se le comunicó al director el hecho lo que le importó fue si se había suicidado con el arma reglamentaria, no se preocupó, ni demostró ningún sentimiento para con los oficiales. Todos los meses se hacen reuniones de jefes en la PCD, y en más de una ocasión el Director de la PCD ha dicho a sus jefes de departamentos que él se encarga de que los oficiales que quieren irse de ahí molestos y humillados para el OIJ no lo pueden hacer, y es más a él le notifican si uno de los oficiales de la PCD está tramitando un traslado y se encarga de frenar el traslado y castigar al oficial. ¿Por qué no deja que sus oficiales busquen mejores condiciones laborales sin imponerles su autoridad?

Hasta aquí es una transcripción literal de la denuncia que nos ha llegado. De nuestra parte queremos agregar algo más a los actos bochornosos en que se visto mezclado el Director Solano. Hace varios años, periodistas de Canal 6 prepararon una serie de reportajes sobre la corrupción en la Policía de Control de Drogas, uno versaba sobre el uso discrecional que hacía del arma de reglamento la esposa de Solano y otro sobre cuando Solano chocó un vehículo oficial cuando salía de un hotel de amor transitorio en los alrededores de San José. En ese momento, las altas autoridades del Ministerio de Seguridad presionaron a Canal 6 y los reportajes dejaron de transmitirse.

 También ha sido costumbre de Solano, retener los viáticos de sus subalternos cuando estos son invitados a actividades de capacitación, por gobiernos o instituciones amigas de Costa Rica. El pretexto de Solano, es que los fondos que no les entrega a sus subalternos son para las delegaciones policiales de más escasos recursos, el problema es que nadie sabe que se hacen esos fondos. Ante esto uno se pregunta. Quién protege a Allan Solano? , por que ha permanecido en su puesto en los últimos tres gobiernos y en todos ha sido acusado de actividades irregulares?.

Doña Laura Chinchilla conoce del problema de las drogas en el país, ya que fue vice ministra y ministra de Seguridad, además de presidenta de la Comisión de Narcotráfico. Seguirá gozando Solano en el Gobierno de doña Laura de la impunidad que ha gozado hasta ahora.?

Tiene la oportunidad doña Laura de demostrar que una mujer puede gobernar el país en forma digna, a diferencia de los hombres que han gobernado en los últimos o bien si seguiremos en el mismo charco de corrupción, nada más que ahora con perfume de mujer.

OSCAR ARIAS, LA CUMBRE Y JAPDEVA

Transcribimos a continuación el artículo escrito por el señor César López, el cual demuestra a cabalidad la hipocresía exhibida por el presidente costarricense Oscar Arias en la Cumbre de Cancún. Mientras predicaba democracia, en Costa Rica se persigue al Sindicato de JAPDEVA, por todos los medios, por el único delito de oponerse al millonario negocio de concesionar los muelles de la costa atlántica de Costa Rica.

 

 CANDIL EN LA CALLE, OSCURIDAD EN LA CASA: El Presidente Arias, La Cumbre y JAPDEVA.

César López*

“Que cada palo aguante su vela.” Con este refrán, tituló el presidente Arias, su intervención el pasado 22 de febrero, en la cumbre Iberoamericana, realizada en Cancún, Méjico. En sudiscurso, hace afirmaciones que confirman y resumen, lo que en opinión de este joven  , vecino de los barrios del sur, ha sido la gestión de don Oscar durante los últimos 4 años; la cual bien podría resumirse con otro refrán de nuestro pueblo: Candil en la calle, oscuridad en la casa. En Cancún, luego de afirmar que América Latina peligra de desperdiciar una vez más su  oportunidad sobre la tierra, plantea necesario, para evitar que esto suceda; honrar la deuda de la región con la democracia y el desarrollo. En su alocución y haciendo referencia a terceros,

mencionó textualmente

:“Honrar la deuda con la democracia quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar eleccionesperiódicas. Quiere decir construir una institucionalidad confiable…Quiere decir garantizar lasupremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho, que algunos insisten en saltar congarrocha. Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazadopor la presencia de gobiernos tentaculares, que han borrado las fronteras entre gobernante,partido y Estado…” (Arias, Oscar. (2010). Que cada palo aguate su vela. comparar, “la clase magistral sobre democracia” que don Oscar realizó en la Cumbre, con lo que sucedía en esos momentos en CR con JAPDEVA y su sindicato, cabe el realizar algunas preguntas:

 ¿Honra el gobierno de los hermanos Arias en nuestro país, la deuda con la democracia en la región, al intentar a toda costa dar en concesión el negocio de los muelles de Limón?,

¿Practica don Oscar lo que predica frontera afuera, al utilizar el poder de su gobierno para aplastar la resistencia de una dirigencia sindical que se opone noblemente a la entrega de los puertos a las transnacionales?

Lo sucedido en Caldera, ALTERRA, RITEVE y la construcción de la carretera Orotina-Caldera; demuestra que las concesiones en nuestro país no han funcionado. Aún así los hermanos Arias, se aferran a su intento de concesionar JAPDEVA; esto da pié a continuar preguntándonos:

¿Se construye en nuestro país una institucionalidad confiable, cuándo el gobierno ofrece más de $130 millones (¢80 000 millones) en indemnizaciones a trabajadores portuarios? ¿Qué mina de oro se encuentra a la sombra de la concesión del muelle y quienes la pretenden?,

¿De dónde sale el dinero, con que se quiere indemnizar las conciencias de los trabajadores, que con la venta de su voto, dieran luz verde, para incluir en su convención colectiva la concesión del  muelle, dando a las indemnizaciones de gobierno carácter de ley?, ¿Hará falta ese dinero en comedores escolares, pensiones no contributivas y demás programas sociales? ¿Podrían asignarse a JAPDEVA esos millones para su modernizarla y mejorar su eficiencia?

Dichas indemnizaciones propuestas por le gobierno, ¿garantizan la vigencia del Estado de

Derecho, o más bien suponen el intento de un nuevo salto con garrocha, a la supremacía legal de nuestra Constitución Política, que en su artículo 121, plantea que los puertos, ferrocarriles y aeropuertos (estos últimos mientas se encuentren en servicio) no pueden ser arrendados directa ni indirectamente, ni salir de forma alguna del dominio y control del Estado?

Lo sucedido en nuestro país, con JAPDEVA y su sindicato, desde inicios del 2010 a la fecha es muy serio: La Junta Directiva de SINTRAJAP que fue electa democráticamente en Asamblea General de sus trabajadores, en el marco del Estado de Derecho que nos rige, convoca para el 8 de enero a Asamblea Extraordinaria. Ese día, un integrante del llamado “grupo mediador”


 

(trabajadores a favor de la indemnización de conciencias) interpone un recurso ante el Ministerio de Salud, a raíz del cual este ministerio, obliga a la Junta Directiva de SINTRAJAP a posponer la

Asamblea, que luego deciden convocar para el 26 de Febrero. El viernes 15 de enero trabajadores del grupo mediador, a favor de la propuesta de gobierno, que no cuentan en lo absoluto con la representación jurídica de la organización sindical establecida por ley,convocan a una reunión de trabajadores, pretendiendo darle a la misma  carácter de asamblea oficial; pese a la carencia total de requisitos legales para hacerlo. En dicha reunión, de un número reducido de trabajadores sin representación legal, se decide aceptar en nombre del sindicato, la indemnización de conciencias (¢4 millones por año laborado, hasta un  tope de 20 años por cabeza) y además -cosa curiosa- destituir a la Junta Directiva de  SINTRAJAP electa democráticamente hasta enero del 2011, en una legal Asamblea General.

El lunes 22 de febrero (día de la “Clase Magistral de Democracia” de don Oscar en Méjico), el Ministerio de Trabajo, obviando requisitos establecidos en estatutos y ley, decide validar como asamblea oficial, la reunión espuria del día 15 de enero, inscribiendo como válida, a una nueva Junta Directiva, conformada por trabajadores obedientes a los intereses de gobierno; intentando desplazar así, a la única y legal Junta Directiva, que se opone a la concesión portuaria.

Volvamos ahora a la intervención de don Oscar en la Cumbre, el mismo 22 de febrero:

“No sedebe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático delEstado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de los resultados electorales parajustificar su deseo de coartar libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen deun mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia…” (ídem)

¿Con qué legitimidad moral, dicta don Oscar lo que debe hacer un verdadero demócrata con la oposición, mientras en nuestro país (en contra de la normativa democrática que regula el funcionamiento sindical) el Ministerio de Trabajo de su gobierno, pretende consumar un golpe a la autonomía, la democracia y las libertades sindicales, intentando desplazar a la única y legal Junta Directiva de SINTRAJAP, la cual se opone a las tesis del gobierno?

¿Se fortalece el origen de nuestro régimen democrático con el accionar legitimante del Ministerio de Trabajo, o más bien, este accionar contribuye a subvertir el funcionamiento democrático delEstado Costarricense?, ¿La espera del Ministerio de Trabajo, durante la última quincena de enero (con respecto a SINTRAJAP) y su repentino accionar a solo dos semanas del domingo 7 de Febrero, así como el acelerado retomar gubernamental de la concesión de muelle; tendrán relación con los resultados de las recientes elecciones presidenciales de nuestro país?

De lo planteado por don Oscar Arias en la Cumbre, sobre la deuda con el progreso de la región,  hablaremos en otra oportunidad. Valga destacar que la única Junta Directiva legítima de SINTRAJAP que dispuesta a defender la autonomía del muelle, no se opone al progreso, tan  solo supo comprender con dignidad, la canción popular que dice: “ten cuidado ten cuidado,  cuando te hablen de progreso, porque unos se quedan flacos y otros aumentan de peso.”

Que peligrosas son las concesiones si estas son usadas en deterioro del interés público para el  beneficio de poderosas minorías. Al comparar lo dicho por el presidente Arias en la Cumbre, con lo sucedido simultáneamente en CR, salta a la mente el refrán popular que dice; candil en la calle y oscuridad en la casa. En apego a nuestra Constitución Política, JAPDEVA debe  defenderse, y como dijo don Oscar: “Que cada palo aguante su vela!”

*Educador y estudiante de Psicología, trabaja en el despacho del partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa.

LA CORRUPCION MUNICIPAL EN COSTA RICA

El problema de corrupción municipal en Costa Rica, no es problema de un partido en particular, tampoco de una coalición determinada. El problema de corrupción municipal es un problema nacional.-
 
Es imperante la necesidad de transparentar la institución de los municipios que emergen como la institución más corrupta entre las organizaciones consideradas por los costarricenses
 
Más de veinte alcaldes, elegidos en las últimas dos elecciones municipales, han sido cuestionados y cesados de sus cargos por delitos de corrupción, tres de ellos guardan prisión (el ex alcalde de Garabito, el alcalde de Talamanca, entre otros).  También hay funcionarios  esperan sentencias de la Sala de Casación (ex alcalde de La Unión, actual alcalde de Aserrí, entre otros).-
 LOS DELITOS
 Compras de terrenos a precios abultados, contratos suculentos por trabajos no realizados, supuestos pagos de sueldos a personas fallecidas y boletas falsas para justificar viáticos, declaraciones juradas falsas y con información alterada, “mordidas” en licitaciones públicas, repartición de propiedades en allegados políticos, tratos con narcotraficantes, son algunas de las irregularidades que se les endosan a estos funcionarios que se sacrifican a “favor de su pueblo”.-
 
No es sorprendente, entonces, que las encuestas señalen que los ciudadanos perciben las municipalidades entre las instituciones más corruptas del país. Más aún, cuando se encuestó a empresarios y ejecutivos sobre hechos de corrupción de los cuales tenían conocimiento, los municipios emergen como la institución más corrupta entre las 15 organizaciones consideradas.-
 
El caso más reciente involucra la relación más que cercana entre el sospechoso de narcotráfico de apellidos Ceciliano y el Alcalde de Golfito Jimmy Cubillo Mora, quien, según la Fiscalía de Narcotráfico, recibiría una buena cantidad de dinero por la concesión de “Isla Segura” en ese cantón puntarenense.-
 
Por otro lado el reciente arresto del Alcalde de Talamanca, a quien la Fiscalía de ese puerto del atlántico le endosa una malversación de fondos municipales superior a los trescientos millones de colones.-
 
Esto para citar solo dos casos, ambos en investigación, sin nombrar aquellos donde ya existe sentencia, como es la condena del actual alcalde de Aserrí, quien según el Tribunal Penal recibió dinero de la empresa EBI, que vendría a ser una “dadiva” por un favor concedido.-
 
 PROPUESTAS DEFINIDAS
CÓMO MEJORAR LOS CONTROLES?
 
Las aristas del caso incluyen fuertes polémicas públicas entre líderes políticos locales y alguna complacencia de funcionarios de la Contraloría General de la Republica y Fiscales del Ministerio Publico, que no actúan contra los hechos de corrupción visibles, permitiendo que los corruptos continúen en sus puestos a pesar de las denuncias e investigaciones.-
 
La filiación política de los alcaldes cuestionados es, en buena medida, proporcional al número de alcaldes de cada partido. El problema de corrupción municipal no es problema de un partido en particular, tampoco de una coalición determinada. El problema de corrupción municipal es un problema nacional.-
 
Sin embargo los dos partidos donde se nota este mal de la corrupción con mejor y mayor claridad, es en los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana.-
 
Esto permite abordarlo con altura de miras y mediante acuerdos amplios, más allá de teorías de desalojo o estrategias para apernarse en el poder. La Contraloría ha hecho una buena labor detectando ciertos tipos de irregularidades, por ejemplo, revisando las rendiciones de cuentas, los cálculos de subvenciones y las declaraciones patrimoniales. Sin embargo, la solución a otros problemas no pasa por Contraloría sino por tener mayores estándares de transparencia. Con mayor transparencia es más fácil detectar actos ilícitos, tanto para la ciudadanía como los medios de comunicación, con lo cual involucrarse en dichos actos se vuelve más riesgoso.
 
Si la comunidad de Talamanca o Golfito hubiera tenido en su página web un organigrama con las funciones que cumplen los directivos del municipio junto a sus declaraciones patrimoniales, cualquier vecino hubiese podido denunciar el conflicto de interés de quienes aprobaban los contratos y licitaciones con las empresas privadas, por ejemplo.-
 
La legislación actual contempla pocas exigencias de acceso a información municipal, peor aún, la poca información que debiera estar disponible muchas veces no lo está, y cuando lo está no es de fácil acceso ya que la persona interesada debe dirigirse a una oficina para solicitarla y por escrito.-
 
Debe abrirse la polémica, si nuestro país necesita una ley sobre “transparencia y acceso a la información”, que daría importantes avances, destacando la obligación de que la información municipal esté disponible en la Web de cada municipio.-
 
Debe existir una propuesta que divida los estándares en tres categorías: un piso mínimo que cualquier municipio debiera cumplir (nivel básico), aquellos que requieren un esfuerzo adicional de cumplimiento (nivel intermedio) y aquellos que exigen un nivel más exigente de cumplimiento (nivel avanzado).-
 
La propuesta también debe clasificar, los más de ochenta municipios del país de acuerdo a cuán rápido pueden avanzar hacia el cumplimiento de estos estándares.-
 
Los estándares deberían incluir total transparencia respecto de los ingresos, gastos y quienes participan en las corporaciones municipales, ya que estas corporaciones a veces facilitan la corrupción. También se incluiría la obligatoriedad de publicar informes sobre la adjudicación de las concesiones, de las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de personal.-
 
Frecuentemente se argumenta que es más fácil para los ciudadanos fiscalizar a las autoridades locales que a las autoridades del gobierno central, porque nuestra relación con las autoridades locales, y los servicios que dependen de ellas, es más cercana. Este argumento se contradice con el hecho que, en la gran mayoría de los países, la corrupción de los gobiernos locales es mucho mayor que aquella del gobierno central. Costa Rica no es una excepción en esta materia. Transparentar la gestión municipal permitirá a la ciudadanía ejercer mejor su rol fiscalizador. Por eso es importante complementar una agenda, que se centre principalmente en mejorar la gobernanza del gobierno central, con un plan integral que mejore la gestión y reduzca la corrupción en los municipios del país.-
 
 
NO MAS CORRUPCION, NO MAS IMPUNIDAD !!!
 
Msc. MAURICIO ALVARADO DELGADILLO
ABOGADO Y NOTARIO 7532
CELULAR 88 71 98 48 / TELFAX 22 78 11 00
TRES RIOS-CARTAGO/AMERICA CENTRAL-