GORILAS DEL OIJ NO DEBEN QUEDAR IMPUNES

Queremos dar a conocer este comunicado sobre los hechos que ocurrieron en la Universidad de Costa Rica, debido a que algunos de los medios costarricenses al servicio de la oligarquía gobernante han tergiversado lo sucedido.

Debemos resaltar que este problema se ha hecho más grande debido a la soberbia de los altos jerarcas del Poder Judicial, que en una forma que ya los caracteriza, no han querido reconocer su error.

Aparte de si tenían o no derecho de entrar a la Universidad, la actitud del Organismo de Investigación Judicial fue violenta y salvaje. Existen videos donde se ve a tres de estos gorilas, debidamente armados, vapuleando a un estudiante hasta quebrarle los dientes. Reconocemos que en el Organismo de Investigación Judicial existen muchos funcionarios centrados y honestos, pero también un grupo de acomplejados, cobardes y enfermos mentales, que ocultan su cobardía y pobreza de espíritu detrás de una placa. Esta lacra debe desaparecer para siempre.

A la Comunidad  Nacional:

Al mediodía del 12 de abril de 2010, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) invadieron el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en persecución de un oficial de Seguridad y Tránsito, sospechoso de casos de corrupción (el cual fue liberado el día siguiente sin cargos comprobados).El despliegue estaba conformado aproximadamente por 70 oficiales del OIJ armados con chalecos antibalas, acompañados de la Fuerza Pública que ingresaron en vehículos por las zonas verdes, violentando las agujas de seguridad vehicular y cercando el Edificio de Residencias Estudiantiles.

La forma en que esta acción se llevó a cabo nos hace pensar en una clara provocación de parte de los organismos policiales, quienes no coordinaron (procedimiento que se ha realizado siempre que algún órgano policial del Estado a requerido ingresar a la institución) de ninguna forma con la Sección de Seguridad y Transito, ni con ninguna otra autoridad Universitaria competente.

La autonomía de la Universidad de Costa Rica está amparada en el artículo 84 de la Constitución Política, no está limitada al mero ejercicio libre e independiente de la docencia (eso es libertad de cátedra), se trata de independencia de sus funciones, que incluyen la autonomía financiera, administrativa yestructura de gobierno. Sin embargo, las declaraciones de altos funcionarios públicos como el director del OIJ y el Fiscal General de la República, nos indica que existe una clara intención de limitar descaradamente la autonomía universitaria, hecho que solo ocurre en dictaduras militares o Golpes de Estado.

Es importante entender esta acción ilegitima e ilegal dentro del contexto político, social y económico en el que se ve inmersa la Universidad de Costa Rica. Esta Institución, a través del Consejo Universitario se ha pronunciado críticamente sobre numerosas políticas ambientales, sociales y educativas perjudiciales para las mayorías de nuestro país. Los más importantes han sido: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su Agenda de implementación, minería a cielo abierto en Crucitas, expansión piñera, acueducto de sardinal, desarrollo turístico inmobiliario en la Zona Sur, muelles de Limón y el Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Por estas razones consideramos que lo ocurrido el lunes en el campus universitario no fue algo casual, tenía la intención política de tratar de intimidar y amedrentar a las trabajadoras y trabajadores, docentes, estudiantes y dirigencia sindical de nuestra Universidad, esta vez con brutalidad policial, violentando nuestro quehacer diario, actitud típica de regímenes autoritarios. El saldo de dicha actitud comprometida y ética con la libertad de pensamiento y autonomía universitaria, fue de personas detenidas, palizas, arrestos y formulación de causas penales por resistencia agravada a cinco personas.

Este es otro acto más de criminalización de la protesta social de cientos de personas ambientalistas, sindicalistas, educadores (as) y estudiantes alrededor del país en legítima defensa de sus derechos democráticos y a su integridad física y mental. Uno de los casos más representativos en estos mismos días ha sido el de los cientos de trabajadores(as) de JAPDEVA, quienes han sido intimidados(as), perseguidos(as) y violentados por el gobierno.

Por otra parte, la provocación y brutalidad ocurrida el lunes, buscan dañar y perjudicar la imagen de la Universidad ante la sociedad costarricense, apoyado cínicamente por los grandes medios de comunicación radial, escrita y televisiva. Al ser la UCR la institución que goza de más confianza por parte de la ciudadanía costarricense es estratégico para este gobierno crear una campaña de desprestigio hacia la institución para deslegitimar las voces críticas que se levantan desde nuestro campus contra el modelo político-económico que se viene implantando en Costa Rica en los últimos 30 años y profundizado radicalmente por este gobierno.

Ante estos hechos llamamos a la solidaridad de todos los sectores sociales con la comunidad universitaria del país y a participar de todas las actividades y acciones que emprenderemos para que se respete nuestra autonomía y derecho legítimo a la defensa del pensamiento libre y crítico y para que los hechos de brutalidad y cobardía policial no queden impunes, ni se olviden.

A la vez nos solidarizamos con todos aquellos sectores que enfrentan luchas por la defensa de sus territorios y por la defensa del patrimonio nacional, como la lucha en Sardinal, en Crucitas, Matapalo, zonas costeras, contra el desarrollo turístico e inmobiliario en Osa, la autonomía de los territorios indígenas y muy especialmente con la lucha contra la privatización de los muelles en Limón y por la autonomía sindical.

ASESINATO DE PERIODISTAS EN HONDURAS

Qué nos aguarda si seguimos en sumisión y en complicidad?

Es realmente indignante que suceda hoy de nuevo, ya por sexta vez en sólo lo que va del mes de marzo, ahora de dos en dos, a periodistas y personas que valientemente levantan la voz y denuncian la represión: se los asesina en forma impune. Por cierto dos de ellos habían denunciado las amenazas, y habían logrado la declaración judicial de medidas precautorias. Pero estas no valen para nada en un país donde el poder se ejerce por dictum de la clase gobernante oligárquica, militarista y sometida al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Es explicable que suceda en Honduras, pero ¿cuál es el motivo del cerco mediático en Costa Rica?  Acaso podremos argumentar que con los medios inmediatos de telecomunicaciones exista posibilidad de que los periódicos o los periodistas no se enteren, o si se enteran, también los paraliza el miedo?  Será que aquí ya no hay libre expresión por autocensura, o lo que sería mucho peor, por silencio cómplice de una tiranía internacional de los dueños de los medios de comunicación masiva?  ¿Por qué sólo en los medios alternativos se informa sobre esta represión sistemática, y la Sociedad Interamericana de Prensa sólo tiene ojos para las violaciones a los derechos humanos en Cuba y Venezuela?

Comienza la semana santa precedida de ominosos Pilatos que se lavan las manos de la sangre de tantos justos.  Sólo quisiera saber si en las homilías de Centroamérica se harán eco de nuestras denuncias, o acaso ¿habrá líderes espirituales que les quede al menos el rubor de cumplir su labor profética?  Podrían alegar estar en vacaciones por este motivo, los defensores de los habitantes, los consejos, institutos, comisiones y demás organismos de derechos humanos y esperaremos hasta el mes de abril para pedirles que abran los ojos ante esta realidad ¿pero los veremos reaccionar inmediatamente después, como corresponde?

Este mes se cumplió el 70 aniversario en Costa Rica, cuando recibió el cetro arzobispal un sacerdote ejemplar: Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Lo recordamos con cariño y con respeto, por haber interpretado acertadamente la circunstancia histórica que le correspondió vivir, y participar en el proceso de modernización de la sociedad costarricense. Sin él, las garantías sociales en nuestra constitución, el código de trabajo y las reformas administrativas introducidas por el Presidente Rafael Angel Calderón Guardia, con el apoyo de Manuel Mora y el partido comunista de Costa Rica (que nunca aprobó la revolución por la vía armada) no habrían sido posibles.

Sanabria también es responsable de auspiciar la influencia cristiana en la social democracia de José Figueres, a través de su pupilo y líder sindical en la central sindical “Rerum Novarum”, otro sacerdote católico de peculiar orientación y trascendental liderazgo: el Presbítero Benjamín Núñez, artífice entre otras cosas del “Pacto de Ochomogo” y las negociaciones de paz en 1948, que lo hacen merecedor de un reconocimiento que no se ha otorgado aún.

Sin perdernos en detalles de la historia, aceptemos que en Costa Rica es una excepción al cuadro usual de los ejércitos y aparatos represivos que defienden el poder de las oligarquías anquilosadas que se dan en la Centroamérica del Norte, donde el discurso conservador predomina en la influencia perniciosa de las jerarquías católicas que abominan la teología de la liberación.

Nuestra transición tampoco estuvo exenta de violencia, pero terminó por disolver tres ejércitos: el oficial de unos dos mil efectivos, el de unos 6000 milicianos sindicalizados bajo el mando comunista que apoyaba al gobierno, y el de los sublevados figueristas que se inició con 300 y triunfó con 3000. Esto tampoco habría sido posible sin el efecto del liderazgo y la conciencia social de todos los que participaron en el conflicto, y la sociedad civil que lo sufrió. Sin embargo, durante los aciagos años de guerra civil de las guerrillas centroamericanas, hay que reconocer también, la opción preferencial por los pobres de muchos pastores cristianos, que labraron su martirio al asumir las consecuencias de su acción profética de hablarle con la verdad a los poderosos. Donde no hubo posibilidad de una modernización como la que tuvo mi país, se llegó a la guerra revolucionaria inspirada en la lucha de clases treinta años después.

Ahora, a los 30 años del asesinato a sangre fría del Arzobispo Oscar Arnulfo,  San Romero de América, por una camarilla internacional de sicarios, siguen sus seguidores aterrorizando la población. Este magnicidio se le atribuyó entonces en El Salvador a un militar D´Abuisson. Sabemos hoy que el operativo tuvo el visto bueno de los Embajadores estadounidenses Otto Reich (recién aprobado para asesorar al Congreso de Estados Unidos junto con Alejandro Valenzuela, sobre presente y futuro de América Latina) y John Dimitri Negroponte que después de la guerra sucia en centroamérica, lo premiaron con ser embajador en Irak. ¿Será posible que el gobierno del imperio hegemónico mundial no haya aprendido de sus errores y los repita después de tanto tiempo?

Está claro y confirmado que en el golpe de estado contra Zelaya estuvo presente el Embajador Hugo Llorens y el mismo Negroponte, y que en el proceso de represión que se ha recrudecido después de las elecciones de Porfirio Lobo sigue la misma filosofía de eliminación física, violaciones y torturas, por personal militar, para militar, policial o de simples sicarios.  ¿Cuántas muertes más serán necesarias, y cuándo van a levantar la voz nuestros gobernantes?  Seguirán bajando los ojos, lavándose las manos, pero ¿seguirán cumpliendo las órdenes de la señora Hillary Rothman Clinton o del señor Barak Hussein Obama?

¿Seguirán con nuestro silencio cómplice, las sabandijas como Billy Joya, Romeo Vázquez Velázquez, con apoyo de asesinos a sueldo, imponiendo a sangre y fuego un sistema corrupto, explotador, al servicio de la concentración de capitales en sumas astronómicas, que ya no se sacian con el sudor, la sangre y el sufrimiento de los pobres, sino que ahora cuentan con las arcas públicas del Tesoro de los Estados Unidos?

No dejemos que este sea el sistema del futuro.  Paremos en seco la complicidad.

Francisco Cordero Gené.

San José, 26 de marzo, 2010.

CCSS VIOLA DERECHOS HUMANOS

La forma en que el pasado 13 de agosto, fue despedido el doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, Director del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y dos funcionarios más de este hospital, llena de preocupación a todos los que aún creemos en el maltrecho régimen de seguridad social costarricense. Nos preocupa, no solamente por la forma cruel, humillante e inhumana en que fue realizada, sino por lo que puede ocultarse detrás de este hecho. A los tres funcionarios se les culpó de negligencia en el caso del incendio que costó vidas humanas, y destruyó parte de las instalaciones del centro médico.
Según ha declarado el doctor Hernández Castañeda, varias veces él hizo del conocimiento de las autoridades de la CCSS, las pésimas condiciones en que se encontraba uno de los hospitales más importantes del país, sin que recibiera respuesta alguna por parte de las autoridades de la Caja.
Debe recordarse que el incendio, fue provocado por una persona con problemas mentales, ansiosa de notoriedad y que había entrado a trabajar al sistema hospitalario con títulos falsos.
Si la Caja Costarricense de Seguro Social, cuenta como la gran mayoría de las instituciones públicas, con Departamentos de Recursos Humanos, que supuestamente revisan los expedientes de los concursantes y les realizan pruebas para medir su aptitud profesional y su estado psicológico, cómo entonces no detectaron la falta de conocimiento, la falsedad de los títulos del piromaniaco y sus problemas mentales y de ser así por qué no se despidieron también a los funcionarios culpables de su contratación?
Otro aspecto que llama la atención es el por qué se sellaron las oficinas de los tres funcionarios despedidos, impidiéndoseles incluso sacar de sus lugar de trabajo sus objetos personales. En todos los casos de despido que hemos presenciado se levanta un acta de los documentos propiedad de la institución y se permite al funcionario retirar sus objetos personales. Por tanto esta actitud de quienes realizaron este despido, solamente demuestran inhumanidad y prepotencia, o bien el interés de desparecer documentos que podían poner al descubierto la negligencia con que los altos funcionarios de la Caja, han manejado los problemas de esta institución.
Aunque esta violación a los derechos humanos de tres funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, es suficiente para causar el repudio de cualquier ser humano, aún es más preocupante la forma sistemática en que esta institución ha buscado acallar las voces que se atreven a denunciar la ineptitud de su administración.
Es vox pópuli, que el Régimen de Pensiones agoniza en gran parte por la gigantesca evasión que se presenta en el país. Por medio de una reforma a la Ley Constitutiva de la Caja, introducida por la Ley de Protección al Trabajador, se obligó a todos los trabajadores independientes a cotizar para dicho régimen. Sin embargo, a la fecha solamente once personas cotizan sobre sumas superiores a un millón de colones. Cualquier retrasado mental se daría cuenta que muchos médicos, abogados, contadores y otros profesionales independientes ganan sumas superiores al millón de colones y simplemente no cotizan. Además, otros profesionales, se encuentran incluidos en las planillas de empresas, por sumas que ni siquiera alcanzan el salario mínimo de un profesional. Ante esto uno se pregunta. Qué ha hecho la Junta Directiva de la Caja al respecto? Es que acaso no se pueden analizar, aunque sea en forma aleatoria, las planillas que se presentan a la Caja?. Es que acaso no se pueden visitar para exigir cuentas a los bufetes, despachos y consultorios de estos profesionales evasores?
También, los trámites burocráticos de la Caja promueven la evasión. A pesar de que la Ley de Protección al Trabajador hizo obligatorio el seguro de pensión, la Junta Directiva de la Caja, en una interpretación antojadiza de la misma, lo hizo obligatorio también para el régimen de salud. Conocemos el caso de una persona que llegó a empadronarse para el seguro obligatorio y el burócrata que lo atendió, le indicó que además de la constancia de los ingresos debía de llevar un carné provisional del EBAIS que le correspondía. El futuro empadronado le hizo ver que a él no le interesaba para nada recibir los servicios de salud de la Caja, pero se le insistió en que debía de perder un dia completo obteniendo un carné que nunca iba a usar. Lógicamente desistió de empadronarse en esta burocrática institución.
La inmensa evasión que existe en el pago de las cargas sociales, las medidas demagógicas que se han tomado en el pasado para el otorgamiento de pensiones, han minado el Regimen, el cual a pesar de la publicidad que hace la Caja haciéndolo aparecer como un régimen sólido, está al borde del colapso. Este hecho fue denunciado por el actuario de la Caja Rodrigo Arias López quien fue despedido en una forma similar a la que se aplicó a Hernández Castañeda. También se le expulsó de su oficina y se le confiscó la computadora portátil. Posteriormente la Sala Constitucional falló en contra de la Caja, por considerar que se habían violado los derechos humanos de Arias López.
Edgar Trejos Ramírez, otro funcionario que denunció las situaciones infrahumanas en que trabajan algunos funcionarios de la Caja también fue despedido.
En esta institución propiedad de todos los costarricenses y de los extranjeros que vienen a contribuir con su trabajo a la producción de riqueza en el país, parece que la norma es acallar los inmensos problemas internos hasta que los mismos terminen de destruirla. El problema de la Caja es el mismo de las instituciones cuya actividad representa una oportunidad de negocios para unos cuantos ricachones del país y del extranjero. Están dirigidas por sus mismos enemigos. Para acallar las voces de protesta de los funcionarios honestos, simplemente se ha montado un régimen de terror orquestrado por altos funcionarios de los dos últimos gobiernos.
Según nuestro criterio la apertura de seguros con el Tratado de Libre Comercio, no perjudicará tanto al INS como a la Caja. Las aseguradoras internacionales ofrecen paquetes de seguros médicos y planes de pensiones que serán de gran atractivo sobre todo para jóvenes ejecutivos. Lógicamente, si estos profesionales optan por estos planes, no tendrán ningún interés en cotizar para recibir los servicios de la Caja.
Por eso, todos los costarricenses y residentes en nuestro país que creemos en ls conquistas sociales que representan estas instituciones no debemos permanecer impasibles ante esta clase de atropellos. Debemos dar una lucha sin cuartel hasta que el gobierno de la entidad de servicios de salud esté en manos de su verdadero propietario. El pueblo. Debemos terminar con las ratas que desde adentro y en contubernio con mercenarios de la salud y la desgracia se las están llevando a pedazos. LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE ARREBATAN.

Nota:
El 22 de agosto de 2008, tanto el doctor Hernández Castañeda como los otros funcionarios despedidos temporalmente a sus puestos, porque la Sala Constitucional acogió su caso para estudio. Esto dejó en suspenso una huelga organizada oor la Unión Médica Nacional que ya amenazaba con extenderse a todos los centros hospitalarios del país. Debe indicarse que antes de este fallo el prepotente Presidente Ejecutivo de la Caja Eduardo Doryan, había manifestado que toda la actuación en este caso se basaba en jurisprudencia de la propia Sala Constitucional.