COSTA RICA, JOEHL ARAYA VICTIMA DE LA TORTURA

 

 

JOEHL GUILLERMO ARAYA RAMIREZ de 45 años quien había protagonizado dos intentos de fuga del Centro Penal La Reforma, Costa Rica, apareció muerto en su celda (la de mayor seguridad en el país) el 21 de mayo de 2011, supuestamente por causas naturales.

En el primer intento de fuga, Araya Ramírez había sido recapturado y purgaba una larga condena de cincuenta años. El segundo intento de fuga, que se llevó a cabo hace pocos días, claramente fue financiada desde fuera y dejó al descubierto, la corrupción existente entre parte del personal del Centro Penal La Reforma.

Los reos comandados por Araya Ramírez, estaban ubicados en el área de máxima seguridad del penal, pero a pesar de esto consiguieron, según de ha rumorado a cambio de ocho millones de colones de colones, un juego completo de las llaves del pabellón donde estaban recluidos. También cerca de allí se encontró un vehículo que contenía armas de fuego y una casa, recientemente alquilada, lista con todo lo que necesitaban para escapar. Todo esto, no hubiera sido posible, si no existiera un grupo de funcionarios públicos corruptos, que se prestó a todo esto a cambio de dinero. Incluso pocas horas después de su muerte, uno de los hijos de Araya Ramírez, dijo públicamente que a cambio de cien mil colones, él había logrado que uno de los custodios introdujera en el ámbito de máxima seguridad, un teléfono móvil para uso de su padre.

Poco después del último intento de fuga, ya se presumía que todo había sido orquestado, con la ayuda de custodios del centro penal. Sin embargo, las altas autoridades del Ministerio de Justicia y Paz (no sabemos por qué se le agregó en los últimos meses esta palabra al nombre del Ministerio), el cual resulta irónico después de los hechos ocurridos, tomaron la decisión de mantener en ese centro penal a los delincuentes, con los custodios que se presumían involucrados. O sea, dejaron a los delincuentes, bajo la custodia de sus cómplices.

Las nefastas consecuencias de este hecho, no se hicieron de esperar. Pronto los reos denunciaron que eran víctimas de golpizas sistemáticas, que se les bañaba en café hirviendo, que se les escupía en sus alimentos y que habían sido amenazados con envenenarlos.

Finalmente ocurrió lo que cualquier idiota podía haber previsto. Araya Ramírez resultó muerto en su celda, según se dijo al principio como consecuencia de un aneurisma. Pocas horas antes de su muerte, había presentado, de su puño y letra, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en el que denunciaba, la serie de torturas a que había sido sometido.

Sabemos que muchos costarricenses, debido a la histeria que vive el país, debido a la crisis de seguridad, agravada por la ineptitud manifiesta de los dos últimos ministros, están de acuerdo en el trato que se le dio a JOEHL y que terminó con su muerte. Sin embargo, no podemos compartir tal posición. No se puede, en un país de derecho de llegar al colmo de matar a una persona a golpes, después de haber degradado su dignidad hasta un grado máximo.

Ha sido costumbre que cuando un miembro de las fuerzas policiales del país,es muerto  por delincuentes, cuando estos son detenidos, son sometidos a una golpiza, para vengar a los compañeros caídos. Aunque esta práctica no es propia de un régimen de derecho, puede  entenderse pero no justificarse por la indignación que causa la muerte de un guardián de la ley.

Pero, esto no fue lo que se dio en el Centro Penal La Reforma, el custodio que cayó víctima de las balas de los delincuentes y los que resultaron heridos, no lo fueron por los proyectiles de los delincuentes. Fueron condenados a muerte por la ambición, y corrupción asquerosa de sus propios compañeros. Entonces quiénes son más de culpar. Los delincuentes que buscaban recuperar la libertad o los indecentes cerdos que vendieron la confianza que puso el país en ellos a cambio de billetes provenientes del narcotráfico.

Con respecto a la afirmación que hacemos de que Araya y sus compañeros fueron torturados, veamos lo que dice al respecto la Organización de las Naciones Unidas.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y degradantes, aprobado por la Asamblea General en resolución 39-46 de 10 de diciembre de 1984 define tortura como

“Cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental sobre una persona, con el propósito de obtener de él/ella o de una tercera persona información o una confesión, castigarlo por un acto que él/ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido, o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera persona, o por cualquier razón basado en discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea inflingido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia” (artículo 1).

El 17 de junio de 2011, tanto el Director del Organismo de Investigación Judicial, tuvieron que reconocer públicamente que Araya había muerto como consecuencia de los golpes causados con una vara policial. Lógicamente, esta muerte fue muy conveniente, para los corruptos que trabajan en el  Centro Penal La Reforma. Los muertos no pueden ser llamados a declarar a quienes les pagaron por entregar las llaves del Centro Penitenciario.

 

EL CASO DE CARLOS PASCAL

Este comentario no busca defender las actitudes del señor Carlos Pascal, empresario de la zona de Limón, sino demostrar la forma contradictoria en que se manejan muchos asuntos en el Gobierno de Costa Rica.

 

En Puerto Limón apenas amanecía el 2 de junio de 2011, cuando un grupo de Oficiales del Organismo de Investigación Judicial, tomó por asalto la casa del señor Carlos Pascal, derribando portones y esposando y tirando al suelo a su propietario como si se tratara de un peligroso delincuente. También fueron  allanados los negocios del empresario limonense y la sede de Limón F.C.

Casi de inmediato, la Fiscalía anunció que el motivo de los allanamientos a la casa y los negocios de Pascal, se debía a que era sospechoso de haber legitimado capitales, de una peligrosa banda norteamericana del crimen organizado. Posteriormente, se determinó, que todo esto era una fábula.

Hace aproximadamente diez años, Pascal había recibido transferencias de dinero de su hermanastro, residente en los Estados Unidos, quien había sido condenado por evasión de impuestos sobre cigarrillos y por poseer (no usar contra nadie), un arma no inscrita. O sea lo de crimen organizado, se reducía a un problema de impuestos en los Estados Unidos.

Después de recibir ese dinero, cuya procedencia Pascal no ha negado, lo invirtió en varios negocios lícitos en el Puerto del Atlántico. Un supermercado, una discoteca, un hotel, y otros negocios más que dan sustento a más de quinientas personas en una de las zonas más olvidadas del país. Además, Carlos Pascal, se ha dedicado no sólo a financiar al equipo de primera división, el Limón F.C., sino a fundar escuelas de futbol, para que los niños de esa zona puedan practicar deporte y no vagar por las calles y fumar marihuana, que es lo único que se les podía ofrecer antes de que Pascal fundara este tipo de escuelas.

Un  núcleo importante de los pobladores de Limón, han organizado desfiles e incluso una vigilia en apoyo a Pascal, ya que lo consideran un benefactor de la zona. Mientras, una parte de la prensa del país, han cometido la estupidez de compararlo con Pablo Escobar en  Colombia.

Esta comparación es completamente falsa. Todos conocemos el récord delictivo y el origen de los fondos con los que Pablo Escobar construyó urbanizaciones de bien social, e incluso ofreció pagar la deuda externa de su país y los recursos de Pascal. Otra parte de la prensa, se ha dedicado a criticar a quienes apoyan a Pascal, porque, según ellos, están fomentando el narcotráfico en Limón. Sin embargo, no se ha probado que un solo centavo de Pascal provenga de esas actividades ilegales.

Ante esto, cabe cuestionarse el papel que ha desempeñado en este caso la Fiscalía del país. No sabemos si toda esta trama se ha montado para que el pueblo olvide el catastrófico final del caso de la Caja Costarricense de Seguro Social y el préstamo finlandés, en que los principales acusados terminaron con penas risibles (tanto los corruptos como los corruptores), o porque simplemente nuestro sistema judicial, es un instrumento al servicio de los Estados Unidos

El caso de Pascal hay que ligarlo al de supuesto lavado de dinero en que se embarró al Movimiento Libertario. El caso del contribuyente a la campaña de este partido Olman Rímola. El señor Rímola a lo que se dedicaba era a la administración de un centro de apuestas por internet. La Ley de Contingencia Fiscal estableció un impuesto para este tipo de actividades en el país. Hasta donde tenemos entendido, no se le aplican impuestos a actividades ilegales, por tanto esta actividad es legal en Costa Rica. Claro, la doble moral norteamericana si clasifica las transferencias de dinero para apuestas como lavado de dinero, no sabemos si porque las apuestas son malas o porque son una competencia a Las Vegas y otros centro de apuestas en su territorio, pero eso debe ser problema de ellos y que ellos deben resolver con sus recursos y por su cuenta.

Pero tanto la Fiscalía costarricense como otras autoridades, siempre han tomado una actitud lacayuna en estos casos. Además el caso Rímola sirvió para pasar la factura al Movimiento Libertario por haberse apartado del cogobierno que mantenía con Liberación Nacional y por haber dañado el ego del diputado Villanueva el Primero de Mayo.

Pero volvamos al caso de Pascal. La protesta de los limonenses debe llamar a reflexión. Limón siempre ha sido tenido como un lugar aparte del territorio nacional, al que los ineptos gobiernos no le han prestado atención alguna. Cuáles fuentes de trabajo, ha desarrollado el estado costarricense en esta zona? Se puede responder que ninguna.

Solamente se han acordado de esta provincia para entregarle sus muelles a empresas extranjeras, aunque para ellos hayan tenido que recurrir a las prácticas más sucias. Por tanto, Carlos Pascal, sin importar la procedencia de su dinero, ha venido a llenar una necesidad que el Estado nunca atendió.

El Gobierno de Laura Chinchilla creó un Ministerio de Deportes y gastó miles de dólares en enviar a la Ministra de ese entonces a Europa, a que derramara una catarata de estupideces en un foro a nivel mundial. Pero,no dedicó ni un centavo a crear escuelas de futbol o de cualquier otro deporte en Puerto Limón, lo que Pascal si ha hecho. Entonces, por qué les extraña tanto que el pueblo de Limón lo apoye?

El caso de Pascal aún no ha sido resuelto. Pero, de continuar detenido, lo más seguro sus negocios pronto serán cerrados y el problema de desempleo será mayor. Las escuelas de futbol y otras obras de bien social que desarrollaba en Limón seguirán el mismo camino. Nos preguntamos, irá el gobierno a crear nuevas fuentes de trabajo para suplir las que generaban las actividades de Pascal o se hará cargo de esas escuelas de futbol?. Estamos seguros de que no. Esperarán a necesitar los votos la próxima campaña, para cambiar los votos de los habitantes de esa provincia por un plato de comida, pagada con fondos del Estado, como ya lo hicieron en la campaña pasada.

Como decíamos al inicio, no estamos defendiendo de oficio a Carlos Pascal. Pero, queremos llamar la atención sobre la actitud de la Fiscalía, que ha usado toda la violencia para allanar la vivienda de una persona que no se dedicaba a actividades delictivas, mientras que se da casa por cárcel a dos mexicanos acusados de narcotráfico, gracias, a la incompetencia de la Fiscalía para presentar cargos contra ellos en el plazo que la ley exige.

Queremos llamar la atención también sobre los delitos que se le imputan a Pascal y a Rímola. Hasta el momento, no se les ha ligado con actividad delictiva en Costa Rica, ni se ha podido probar que los fondos manejados por ellos provengan de actividades que se consideren ilícitas en nuestro país.

Entonces. Qué está haciendo la Fiscalía? Aplicando las leyes del país o sirviendo de brazo ejecutor a los gringos. Nos consta que en otros casos antes de operativos de este tipo, agentes del FBI, el IRS y la DEA han venido al país a coordinar este tipo de actividades, convirtiendo a las autoridades costarricenses en simples ejecutores de sus órdenes.

Si los dineros de los dos acusados, provienen de actividades ilegales en Costa Rica, estamos de acuerdo en que se les persiga. Si no, por qué tenemos que servirle de publicanos a los gringos, cuando el país se hunde en una serie de problemas que la Fiscalía debería atender en forma prioritaria?