LA DIS DEBE DESAPARECER

Al periodista del Semanario Universidad Gilberto Lópes, brasileño con treinta años de residir en Costa Rica, le fue denegada la ciudadanía costarricense por el Registro Civil, porque al pedirle información  a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) apareció registrado en sus archivos. Al apelar el afectado esta decisión ante el Tribunal Supremo de Elecciones, este solicitó el expediente a la DIS, el cual no fue suministrado por ser catalogado como secreto de estado. Ante esta respuesta el Tribunal Supremo de Elecciones revocó la decisión del Registro Civil y le otorgó la nacionalidad al periodista. Según declaraciones dadas por él al medio en que trabaja, la apertura de un expediente en la DIS, se debió a su posición en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y agregamos nosotros a su tendencia izquierdista.

También al abogado de origen colombiano Carlos Meneses, se le presentaron problemas para obtener la ciudadanía costarricense, porque también aparecieron anotaciones a su nombre en los archivos de la DIS. Tampoco en este caso la DIS quiso indicar las causas por las que se había abierto un expediente contra él en ese nefasto organismo paramilitar, por lo que interpuso un recurso de amparo el cual fue fallado a su favor por la Sala Constitucional. Aunque no se conocen las causas por las que se abrió un expediente a Meneses, suponemos que debe haber sido por su nacionalidad, ya que por los criterios obtusos que se manejan en la DIS lo deben haber etiquetado como narcotraficante o como terrorista, simplemente por su país de origen.

Es de nuestro conocimiento que estos no son casos aislados, sino que la Dirección de Investigación y Seguridad a lo largo de su existencia ha investigado a ciudadanos costarricenses y extranjeros, sin que medie orden judicial alguna y con  criterios bastante subjetivos. Por ejemplo, cuando se inició la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, abrió una investigación  de las cuentas corrientes en que tuviera firma autorizada el dirigente sindical Albino Vargas Barrantes. También se hostigó a una profesora universitaria de apellido Wo CHing, por haberse reunido con dirigentes de la República Popular de la China de paso en nuestro país. Lógicamente esto fue cuando los chinos eran malos, no regalaban estadios, compraban bonos del gobierno, ni firmaban tratados de libre comercio.

Aunque parezca chocante para los costarricenses y extranjeros estas son las prácticas de la DIS. Por medio de contactos en el Instituto Costarricense de Electricidad consiguen listas de llamadas telefónicas, en los bancos consiguen estados de cuenta, sin orden judicial y tienen acceso en otras oficinas públicas a información confidencial. De acuerdo con el Fiscal General  no es posible que la DIS investigue a los ciudadanos que están en el país.

Debe recordarse que este nefasto engendro, herencia de la guerra fría, ha sido seriamente cuestionado porque su antiguo subdirector Roberto Guillén usó los datos obtenidos valiéndose de su posición para entregarlos a estafadores que vaciaron las cuentas corrientes de clientes de bancos costarricenses. Debido a estos hechos anómalos cayó también su director Roberto Solórzano, por lo que ahora este engendro está a cargo de José Torres, vice ministro de la Presidencia, al cual pertenece este organismo. Esta proximidad y subordinación, con un ministerio político por naturaleza  hace aún más peligrosa a la DIS, porque, fácilmente se pueden dejar de lado los objetivos de su creación para convertirse como lamentablemente ha sido, en un instrumento de represión contra los que piensen diferente a quien transitoriamente gobierne el país. La Historia guarda muy malos recuerdos de organismos represivos como la GESTAPO, KGB, CIA y otros.

Por eso llama la atención que la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil, tome en cuenta la opinión de una manada de gorilas para decidir si un extranjero puede optar por la ciudadanía costarricense. En el caso del periodista Lópes y el abogado Meneses estos supieron defenderse y lograron su ciudadanía. Sin embargo, cuántas personas no habrán sido víctimas de los famosos informes confidenciales de la DIS. El Tribunal Supremo de Elecciones, con  el fin de reivindicar el nombre del país debería de oficio proceder a revisar todos los expedientes de solicitud de ciudadanía que hayan sido rechazados por informes de la Dirección de Investigación y Seguridad, llamar a los afectados y darles el derecho a la defensa que debieron tener en su oportunidad, antes de que su solicitud les fuera rechazada.

Creemos que en el momento de crisis que atraviesa el país, en que se están cerrando embajadas y consulados para minimizar gastos, el gobierno presidido por un  Premio Nobel de la Paz, debería tomar una decisión que lo enaltecería. Desaparecer la DIS de la faz de la tierra. Todos los costarricenses, aparte de nuestra ideología política se lo agradeceríamos.

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