COSTA RICA, EL PODER DE LA RESISTENCIA DEL PUEBLO

LA GENTE NO DEBERÍA TEMERLE AL GOBIERNO, EL GOBIERNO DEBERÍA TEMERLE A LA GENTE

El Poder Judicial de Costa Rica, ha sido nuevamente cuestionado esta semana, por la decisión de la Jueza de Pavas de dar casa por cárcel a dos mexicanos involucrados en el tráfico de drogas, por la vía aérea.

Este hecho se descubrió hace varios meses cuando una avioneta se precipitó a tierra, pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, desnudando lo que ya era conocido por todos. La absoluta carencia de controles de este aeropuerto costarricense y que si no hubiera ocurrido este percance, las autoridades antidrogas nunca se hubieran dado cuenta de lo que pasaba en este aeropuerto.

Al accidente sobrevivió un guatemalteco quien lleva varios meses internado en el Hospital México. Los médicos le han dado la salida, pero las autoridades insisten en mantenerlo ahí. Este es la primera de un rosario de irregularidades que rodean este caso. Quien dirige los hospitales en Costa Rica, los médicos o las autoridades judiciales?

Además es el momento de dejar claro que los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social no son bienes de difunto. Son propiedad de todos los costarricenses que cotizamos para la Caja. Entonces, por qué tenemos que correr con los gastos innecesarios de un narcotraficante sorprendido en flagrancia, cuando hay muchos pacientes en espera de ser internados, para operaciones urgentes?

Por favor, que no nos digan que el Estado pagará esos gastos, porque de acuerdo  con un informe de la Contraloría General de la República el Estado debe a la Caja Costarricense de Seguro Social, la suma de novecientos mil millones de colones, en gran parte por la obligación que asume el Estado por la atención de niños, adolescentes e indigentes, personas pertenecientes al régimen no contributivo y privados de libertad.

Esta deuda multimillonaria consideramos que se ha acumulado gracias a la complacencia de los altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes no sabemos si actúan para congraciarse con el gobierno o para contribuir en el progresivo deterioro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Volvamos al caso de los dos mexicanos liberados por la Jueza. Ella afirma que tenía que tomar esa decisión debido a la extremada tardanza de la Fiscalía en presentar pruebas contra ellos. Aquí tenemos otra irregularidad que debe ser investigada. Si la Jueza no cuenta con pruebas, por impericia o negligencia del Ministerio Público, no puede mantener a presuntos delincuentes en la  cárcel, entonces la culpable no sería ella, sino el Ministerio Público.

La Corte Suprema de Justicia ha indicado que está investigando a la Jueza. Consideraríamos necesario que se investigue también a la Fiscalía, para ver si la jueza fue corrupta o los fiscales incapaces.

Pero, lo más digno de destacar de este hecho y que debe llenarnos de orgullo a todos los costarricenses, es la actitud valiente y decidida de los vecinos del barrio Las Orquídeas, de Goicoechea. Cuando se enteraron que una casa de ese barrio iba a ser empleada para que los mexicanos cumplieran la medida cautelar, mujeres, hombres, ancianos y niños, no dudaron en encadenarse, obstruir las vías de acceso, soportando incluso las inclemencias del tiempo, para impedir que este atropello se consumara.

La actitud de esta gente organizada y valiente, hizo que el juez Joaquín Hernández, dejara en suspenso la medida dictada por la otra jueza.

Esta actitud demuestra que el párrafo de la Constitución  costarricense que dice. “La soberanía reside en el pueblo” no es letra muerta.  Pero, para que funcione, esta soberanía no debe limitarse a ir a votar cada cuatro años y luego dejar que los funcionarios administrativos, legislativos y judiciales hagan lo que les venga en gana con nuestros derechos. Demuestra que cuando por decisiones erróneas, la seguridad o la vida de una comunidad se ve amenazada, el Pueblo, mediante la resistencia pacífica, debe hacer valer sus derechos y demostrar que ya estamos hartos de las decisiones de funcionarios incapaces y corruptos.